Uno de los vectores de mayor fuerza política en la administración del gobernador Julio Menchaca es el Poder Judicial.
Desde los inicios del gobierno de alternancia de Menchaca Salazar, el Poder Judicial equilibró no sólo la procuración e impartición de justicia, sino también el equilibrio gubernamental con la actuación de Santiago Nieto Castillo y en la transición de Francisco Fernández Hasbun, quienes han gestado un clúster de operación judicial que se encuentra perfeccionando la Agenda Judicial en Hidalgo.
En este trazo, sobresalen las pesquisas de la Estafa Siniestra y el combate a la corrupción e impunidad que ha gestado la reclusión de más de 13 alcaldes por actos de malversación pública; pero, también, en el combate a la delincuencia organizada, cuyas estelas en el trasiego de huachicol han sido una prioridad gubernamental.
En este escenario, el gobierno de Julio Menchaca se adhirió a la lucha contra el monopolio de la justicia del Poder Judicial en Hidalgo, y el Congreso local se sumó a la ratificación de la reforma judicial. Estas condiciones de la actuación de la administración de la justicia en Hidalgo se encuentran en una fase de depuración de los cuerpos de la burocracia judicial y que habrá de concluir con la elección judicial en junio próximo.
De forma y fondo, la reforma al Poder Judicial se encuentra desplazando a la élite que primó en la procuración e impartición de justicia, lo cual ha enfocado la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum que le ha pedido al INE que ya inicie la difusión pública de las y los candidatos que habrán de engrosar a nivel nacional los encargos del Poder Judicial en disputa electoral.
En esta atmósfera, el papel del INE se erige como vital para garantizar un proceso electoral inédito en la nación, donde la difusión pública deberá contener las trayectorias de las y los aspirantes para orientar a la ciudadanía sobre la toma de decisión en la emisión del sufragio. Es pertinente advertir que en Hidalgo el escenario de renovación del Poder Judicial abrirá una ruta de competencia inédita de aspirantes que deberán demostrar sus condiciones científicas y técnicas para el ejercicio de la procuración e impartición de justicia; desterrando las herencias políticas en el Poder Judicial que acostumbró el antiguo régimen.
Para la presidenta Sheinbaum Pardo, el piso parejo de la estructura burocrática a través de una elección a escrutinio ciudadano desplazará el juego de intereses que históricamente ha primado en el Poder Judicial, donde se construyó al amparo del antiguo régimen una élite proclive a la defensa de las élites en el poder y no del pueblo, de allí una de las dimensiones que explica el déficit y desencuentro social en materia de procuración e impartición de justicia.
Dentro de las reflexiones sobre una democracia horizontal, para la presidenta Sheinbaum Pardo el hecho de que los encargos públicos del Poder Judicial hayan sido sujetos a escrutinio ciudadano, congrega una mayor competencia que abre las puertas a aspirantes con mayor preparación porque deberán demostrar el peso de sus conocimientos y oferta pública en la procuración e impartición de justicia.
El contexto invita a reflexionar sobre la concentración de intereses políticos que primaron por décadas en el Poder Judicial en Hidalgo y que han llevado a la decepción e incremento de las impugnaciones ciudadanas sobre el déficit de impartición de justicia, donde el imaginario colectivo en México admite que la “justicia es para los ricos”, juicio social que indica que quien tiene para pagar se beneficia de la estructura judicial.
En el marco lógico del desplazamiento de la élite judicial, se encuentra el hecho de que la competencia electoral marcará una mayor heterogeneidad de sus aspirantes, lo que marca de facto una transición lógica hacia una mayor competitividad de sus actores y las posibilidades de la participación ciudadana -que ha priorizado en Hidalgo el gobierno de Julio Menchaca- y que da paso a un nuevo esquema de representación en el Poder Judicial.