El proceso judicial contra César Lemus, Fernando Hernández y Edgar Hernández como supuestos victimarios de regidores y funcionarios del ayuntamiento de Mineral de la Reforma causó diversas opiniones entre la población, aunque no deja de ser una denuncia politizada con la intención de menguar el liderazgo de Lemus entre los tianguistas.
El juez encargado de desarrollar las audiencias orales en el nuevo sistema de justicia penal es Ciro Juárez, conocido por su amplia y destacada trayectoria como penalista, además de que logró rescatar de varios detalles al Ministerio Público que actuaba como la parte acusadora junto a los funcionarios mineralenses. Parece que la tarea de Raúl Arroyo al frente de los MP deberá ser poco más que titánica.
Entre otros detalles, se ventiló que César Lemus había sido denunciado únicamente por amenazas, y fue el juez quien realizó el ejercicio de análisis jurídico para señalar que, como parte de la manifestación, se cometieron actos violentos con responsabilidad compartida en el delito de lesiones, pese a que no fue así de inicio debido al encuadramiento de la figura jurídica: delito emergente.
Ciro Juárez hizo hincapié en la conducta delictiva de discriminación, esto cuando en los diversos audios se escuchaba que los manifestantes gritaron: “pinche policía muerto de hambre”, además de enfatizar el hecho de que el oficial lesionado con un ladrillo y golpeado en el suelo estaba cumpliendo con su trabajo al tratar de controlar a los agresores.
La vinculación a proceso de los agresores es trascendental en la entidad para generar responsabilidad entre la ciudadanía y una cultura de respeto a la ley, que fue exactamente la deficiencia que originó, en buena medida, la tragedia en Tlahuelilpan. Si bien es cierto que criminalizar a las víctimas es una falta de sensibilidad y atención, también lo es que se reflejó un desapego total a la ley y una visión de la delincuencia como parte de la cotidianidad que se vive en diversos municipios de la entidad.
En el caso Tlahuelilpan, a diferencia de Mineral de la Reforma, no se ha generado un solo juicio o acción legal contra quienes convocaron a los vecinos. Ahora, el reflector está sobre Raúl Arroyo, quien tiene bajo su encargo la titánica tarea de imponer sanciones y hacer funcionar el enorme aparato legal que a veces parece sólo servir en casos politizados.
FB: Las autoridades en #Hidalgo deben tener presente que la justicia es para TODOS los casos en que haya responsabilidades que fincar. Nunca es tiempo de favoritismos.
Por: Martha Sáenz
Opiniones y cuentos de lo que veo.
