En un grave conflicto de intereses del Sindicato del Cemento del Estado de México -que dirige José Neri Ortega Blancas- y transportistas de Hidalgo, la ciudad de Pachuca fue materialmente secuestrada, por medio de una estrategia de golpeteo y choque sindicalista que, en sus entrañas, también devela un lobby de presión política sobre el gobierno de Julio Menchaca.
El colapso citadino sobre las principales arterias de la ciudad de Pachuca, dejó una urbe semiparalizada y estragos laborales, poniendo en peligro el equilibrio social y la integridad de miles de personas que con gran impotencia tuvieron que sufrir los daños de un conflicto edificado en el golpeteo sindical y político, sin escrúpulos, que ha lesionado a nuestra sociedad.
La cúpula oscura del Sindicato del Cemento del Estado de México -que mantiene un conflicto por la disputa de mercado con transportistas de la región de Zimapán, Hidalgo- intentó poner en jaque al gobierno de Julio Menchaca, disfrazando sus intereses con los problemas de seguridad que se presentaron en la región y que son totalmente ajenos a la disputa de mercado entre transportistas del Estado de México y de Zimapán.
En esta siniestra estela de hechos, el amedrentamiento que sufren los transportistas de Zimapán por el Sindicato del Cemento del Estado de México se ha presentado a través de prácticas de violencia gansteril donde hombres armados han generado hostilidades y un clima de incertidumbre vulnerando la paz social de la ciudadanía.
Esta estrategia de golpeteo del Sindicato del Cemento del Estado de México tiene implicaciones graves a nivel político y social que deben ser precisadas para que la ciudadanía conozca con nitidez los elementos veraces del incidente:
¿Qué intereses económicos se encuentran en disputa por el control de mercado que han enfrentado al Sindicato del Cemento con los transportistas de Zimapán para llegar a utilizar prácticas gansteriles de golpeo en la región?
¿Qué intereses políticos de partido y grupos antimorenistas se esconden sobre la estrategia del colapso metropolitano que sufrió la ciudadanía de Pachuca que, directamente, pretendieron impugnar la actuación en materia de seguridad ciudadana en Zimapán del gobierno de Julio Menchaca?
¿Qué implicaciones tiene el deslinde de los transportistas de Zimapán del Sindicato del Cemento del Estado de México en la toma de la ciudad de Pachuca?
¿Por qué el Sindicato del Cemento usa y abusa de su fuerza de movilización laboral queriendo amedrentar a las autoridades del gobierno del estado de Hidalgo?
Las interrogantes planteadas ya comienzan a perfilar respuestas contundentes.
En primer término, el conflicto del Sindicato del Cemento del Estado de México con los transportistas de Zimapán es una disputa gansteril y sanguinaria de mercado que mantiene el uso de grupos armados para controlar esta región de Hidalgo; asegurando ganancias exorbitantes mediante el control del mercado y la extorsión a trabajadores locales en detrimento de la paz y armonía social.
El correlato de esta cruenta realidad apunta con claridad a que ya existe una estrategia política de partido en un juego de intereses trascendido en la actuación de la exdiputada local, Carmen Lozano, que al amparo de negocios particulares ha incentivado la movilización que emprendió el Sindicato del Cemento del Estado de México, tratando de desviar el foco reactivo gansteril y sus intereses, acusando al gobierno de Julio Menchaca de desatención de la seguridad pública sobre los delitos contra menores en Zimapán, que ya han sido atendidos por el Poder Judicial y autoridades de seguridad pública de Hidalgo.
En este álgido escenario, el deslinde de los transportistas de Zimapán del colapso que ha causado a la integridad ciudadana la toma de las arterias vitales de comunicación de la ciudad de Pachuca, no sólo ha ratificado el apoyo al gobernador Julio Menchaca de que los gremios de Hidalgo son responsables y solidarios con la sociedad, sino, también, ha decapitado la hipótesis de que la toma de la ciudad fue producto de la impugnación social de los habitantes de Zimapán.
La ciudadanía de Hidalgo no debe dejarse engañar ni intimidar por intereses de mafias sindicales y presiones partidistas que pretenden desestabilizar la paz social y la marcha del gobierno de alternancia de Julio Menchaca.
Sobre el caso de las niñas violentadas de Zimapán, no cabe duda de que es una absoluta tragedia, en la que toda la sociedad debe exigir pronta justicia para que el o los culpables paguen su delito.
