El lunes se cumplieron dos años desde que fue encarcelado el otrora edil de Ixmiquilpan y exdiputado federal desaforado, Cipriano Charrez Pedraza, y ante ello acusó que aún es víctima de lo que consideró una detención arbitraria, ilegal y con un delito, testigos y “acusador fabricados”.
El 20 de septiembre de 2019, el miembro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue detenido en la Ciudad de México por homicidio en grado de tentativa contra su hermano; además que previamente enfrentaba un caso por la muerte de un joven causada presuntamente mientras conducía en estado de ebriedad.
En el último hecho, en una extensa misiva que publicó ayer en sus redes sociales, recordó que había una orden de presentación por la probable comisión de un homicidio culposo, pero acusó que por órdenes del gobernador, del ahora exprocurador Raúl Arroyo González y un jueza “sin justificación” fue reclasificada como doloso.
Además de exponer que, en el caso del joven muerto, tras siete y 15 meses después del hecho supuestamente aparecieron dos testigos de los que, dijo, uno fue pagado y al otro lo encarcelaron para que testificara en su contra, ante lo que aseveró que han sido “2 años de batalla legal y desigual. Mi defensa versus Ministerio Público y juezas de control y de distrito corruptos (sic)”.
Además de la administración en turno, también arremetió contra políticos “que pudieron ayudarme y prefirieron callar”, así como a descalificar a abogados y asentar que algunos fueron comprados o bien amenazados, sin que en su escrito anexara alguna evidencia de lo anterior; más que calificarse como “preso político”.
Lo último de Charrez
En la primera sesión ordinaria de la nueva legislatura, los diputados atendieron una comitiva de familiares de lo que describieron como presos políticos y pidieron a la Cámara que tomara cartas en los cerca de 20 asuntos para dar celeridad a los procesos, entre los que se encontraban allegados de Charrez Pedraza.
Sin embargo, el presidente de la junta de gobierno en turno, Francisco Xavier Berganza Escorza, precisó a los interesados que debido a la soberanía de cada poder lo que el Legislativo únicamente podría realizar sería un exhorto a las autoridades procuradoras de justicia para llevar los juicios apegados a derecho y con transparencia.
Por otra parte, el 22 de julio, el primer tribunal colegiado del 29 circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en Pachuca revocó la sentencia dada al exdiputado el primero de diciembre de 2019 y ordenó reponer el procedimiento subsanando las omisiones sin que significara que quede en libertad o le hayan sido retirados los cargos imputados.
