El deterioro de la seguridad en Hidalgo se ha convertido tema de conversación entre cualquier círculo ciudadano, pues representa una forma de vida que comienza a impregnarse de miedo e incertidumbre.
Con la finalidad de generar mayor comprensión en el repentino incremento de hechos delictivos, debemos especificar el periodo de medición que retomó la encuesta de IMCO, la cual plasmó el desplome del primer al cuarto lugar a nivel nacional: enero a diciembre de 2016.
La mayor parte de ese año correspondió a la administración de José Francisco Olvera Ruiz: de enero y hasta agosto, ocho meses. La especificación del plazo cuantificado pone al descubierto las precarias condiciones heredadas a la presente administración, que en voz de muchos parecen planificadas con la finalidad de cuestionar la experiencia de Omar Fayad Meneses.
El hoy gobernador sufre una guerra sucia mediática por parte de la facción identificada con Olvera Ruiz que, parece, pretende dar la imagen de haber gobernado mejor aprovechando su reciente aceptación dentro de la ciudadanía y buscando la comparación constante entre los gabinetes.
Cuatro meses pertenecen al nuevo mandatario, que se han visto afectados por un considerable aumento de flujo migratorio (que en muchos casos obedece a la salida de entidades con altos niveles de inseguridad); la descomposición social producto de diversos factores sociológicos; o bien, el realce mediático a temas de inseguridad que ser tornan noticiosos por su calidad novedosa.
Aunque debemos mirar con buenos ojos el cuarto lugar en seguridad nacional, no podemos prescindir de la constante observación a los funcionarios públicos encargados del tema a nivel estatal, entre los que destacan Simón Vargas Aguilar y Mauricio Delmar Saavedra.
Delmar Saavedra, ampliamente cuestionado por su experiencia, ha demostrado con acciones y hechos su compromiso de cara a la ciudadanía sin evadir responsabilidades pero carente de protagonismos y escándalos; ofrece la garantía de trabajo y esfuerzo para construir resultados positivos.
Aunque debemos mencionar la necesaria colaboración de Juan de Dios Pontigo Loyola, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que por momentos brinda la sensación de mantenerse al margen para evitar deterioro en su imagen pública. Si bien es cierto que son rumores especulativos, no estaría mal brindar una imagen solidaria al titular de Seguridad de la entidad, con el que sus tareas van relacionadas y, claro está, mantener un frente unido en pos del gobernador.
Mismo caso del procurador general de Justicia de la entidad, Javier Ramiro Lara Salinas, que también discretamente sale de escena para permitir el enfoque directo a Delmar Saavedra.
En tanto que Vargas Aguilar brinda avances en la materia, dentro de sus competencias, dando pronta respuesta a los conflictos sociales en los que es necesaria su intervención, al tiempo que permanece atento para reforzar trabajos. Hablar de su capacidad, experiencia y trayectoria, es sobrado.
Aunque en el caso del secretario de Gobierno también es necesario el refrendo de actividades y soporte por parte de sus subalternos, quienes parecen confiados de la protección de Vargas Aguilar pero necesitan mostrar mayor proactividad a la altura del ritmo de trabajo del mandatario hidalguense.
Sin embargo, la llamada de atención debe recaer sin lugar a dudas en los ayuntamientos, cuyos titulares pasan más tiempo promocionándose que gobernando, con sus sanas salvedades.
Cuerpos policiacos municipales que exhiben su precaria capacidad de respuesta han obstaculizado el correcto desempeño de la materia de seguridad. Sin lugar a dudas debemos abonar en pro de las instancias municipales que el incremento del índice delictivo en el inicio de un período administrativo es previsible debido a que la transición de autoridades genera un reacomodo que “afloja” las políticas públicas brevemente, lo que permite a los delincuentes generar conductas con la esperanza de expansión.
Ante esto, los alcaldes deben sopesar las condiciones del municipio bajo su responsabilidad para implementar políticas públicas de contención, así como la petición de apoyos específicos a las autoridades estatales para poder mantener trabajos coordinados en beneficio de la población.
No olvidemos que los municipios son la célula primaria en los niveles de gobierno y tienen bajo su resguardo grupos territoriales definitorios para el arraigo o entrada de la delincuencia simple u organizada.
La correcta medición estatal llevará a la fundamentación para solicitar apoyo nacional, de ser el caso, aunque también es cierto que esta decisión dependerá en mucho de la planificación administrativa estatal, cuya correcta medición en desempeño corresponderá al año 2017.
Abundemos en que a pesar del incremento en los índices de inseguridad, seguimos disfrutamos de un entorno social que nos permite el desarrollo normal de actividades cotidianas, así como de actividades turísticas y económicas.
Y, sin duda, el compromiso de seguridad le concierne a las autoridades y a la sociedad civil, pues sólo en conjunto lograremos mantener la armonía y paz social.
Cada día se insinúa más un plan fraguado en las paredes del Despacho del exgobernador, donde Miguel Cuatepotzo, Fernando Moctezuma, Salvador Elguero, Ricardo Crespo y José Ángeles, siguen lamentando no ser favorecidos con poder y honores que sienten merecidos.
Parece que Omar Fayad Meneses sigue siendo víctima de una revancha política que empeoraría de suponer apoyo político del exgobernador Olvera Ruiz.
