El Presidente del PRI en Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, informó que fue promovida una acción de inconstitucionalidad en contra de la desaparición de los consejos municipales electorales que fue aprobada hace algunos días en el Congreso de Hidalgo.
Dentro de los argumentos vertidos en el documento presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el partido tricolor argumentó, entre otras cosas, que no se llevó a cabo la consulta a los pueblos indígenas que marca la ley y que la desaparición de los órganos electorales locales atenta contra el derecho de las personas a que su voto sea respetado.
Al respecto, el líder partidista señaló que la mayoría de los municipios del estado de Hidalgo cuentan con población indígena, ya que existen mil 100 comunidades con población de los pueblos originarios repartidas en 45 municipios, por lo que el Poder Legislativo local, en un ejercicio de “democracia deliberativa” y de estricto apego a la Ley de Derechos y Cultura Indígena, debió realizar la consulta indígena antes de aprobar la desaparición de dichos consejos.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el PRI tiene por objeto detener la que, a decir de Mendoza Bustamante, constituye un grave ataque a la democracia, ya que desaparecer los consejos municipales ocasionará que no exista certeza en el voto emitido por la ciudadanía, toda vez que, al trasladar los paquetes electorales a los consejos distritales, dichos paquetes serán sujetos de desaparecer o de ser objeto de violencia.
Marco Antonio Mendoza afirmó que el PRI ha sido un defensor decidido del INE y de la democracia, por lo que no se permitirá que se implemente una reforma regresiva, bajo el argumento de que constituye un ahorro a las finanzas del estado.
“Es falso que con esta reforma se ahorren 40 millones de pesos, porque ese dinero tendrá que invertirse para fortalecer a los consejos distritales y aun así será insuficiente porque no cuentan con la capacidad operativa para sustituir a los consejos municipales”, señaló, y apuntó que fue una reforma aprobada al vapor cuyos efectos serán negativos para el estado.
