Derivado del conflicto suscitado en Huejutla entre los habitantes de las localidades de Coamila y Rancho Nuevo, y miembros del grupo bautista que fueron desplazados hace meses de sus domicilios, el Gobierno de Hidalgo intervino para alcanzar una solución.
La atención se consolidó con la firma de un convenio que incluyó siete acuerdos, destacando la reincorporación de los bautistas a sus comunidades y el compromiso de las partes de respetar la libertad de culto.
El grupo bautista reconoció no haber participado en las faenas comunitarias por usos y costumbres, por lo que aceptaron cubrir los pagos pendientes.
El convenio fue firmado por los delegados municipales Genaro Oropeza Hernández (Coamila) y Gervasio Robles Hernández (Rancho Nuevo), así como por los representantes bautistas Rogelio Hernández Baltazar (Rancho Nuevo) y Juan Nicolás Hernández Solórzano (Coamila).
El notario público número 2 de Huejutla, Arturo Durán Rocha, dio fe el 3 de octubre de 2024 de que las viviendas y la casa de oración estaban listas para el regreso de los bautistas.
Sin embargo, intereses políticos han empañado el acuerdo. Simpatizantes de un grupo religioso ligado a un partido político intentan convencer a los bautistas de no regresar a sus comunidades, buscando mostrar un supuesto desinterés del gobierno estatal en resolver el conflicto.
