Jesús Murillo Ortega, hijo del exgobernador de Hidalgo y extitular de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aparece en el esquema de negocios offshore, es decir, compañías extraterritoriales, con las que fueron cometidos movimientos de fortunas monetarias a paraísos fiscales, de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Con un millón de dólares, el empresario nacido en Pachuca hace 50 años, creó en marzo de 2014 junto con su entonces esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir supuestamente en bienes raíces, de acuerdo con los documentos filtrados que ascienden a más de 11.9 millones de ejemplares en casi cuatro terabytes de almacenamiento denominados “Pandora papers”.
Dicha firma fue registrada bajo los servicios del proveedor Overseas Management Company de Miami, Estados Unidos (EU), y ocurrió cuando su padre se encontraba al frente de la PGR; encargo que se vio opacado porque empresas de sus hijos y parientes ganaron más de 300 millones de dólares en contratos, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Empresa ni siquiera operó, revira
Como parte de su reportaje, ICIJ emitió cuestionamientos a los implicados en el esquema offshore y en el caso de Murillo Ortega, este reviró que su corporación en ningún momento llevó a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso asentó que ni siquiera se le abrió una cuenta bancaria.
Además, recordó que fue disuelta prácticamente desde su inicio derivado del término de su vínculo matrimonial con su entonces socia y esposa; asimismo, el empresario gastronómico, inmobiliario y constructor añadió en el formulario de registro que los recursos para iniciar Sweet Land Ltd eran con ahorros personales.
Cuando despachos internacionales ayudan a montar empresas offshore, deben asentar si el cliente es “políticamente expuesto” al tener parentesco con funcionarios o porque ocupa un cargo público; además, deberán recibir una atención especial para verificar el origen de los recursos y resguardo de activos.
Sin posibilidad de identificar a contribuyentes que usan offshore: SAT
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sus sistemas institucionales que ha implementado hasta el momento no existe un apartado que permita identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore, respondió a una solicitud de información emitida por el consorcio periodístico para su pesquisa.
En ese sentido, aunque los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias dentro y fuera del país, suyas y las de sus cónyuges, quienes aparecen en “Pandora papers” omitieron consignar su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.
Por lo que si voluntariamente los políticos no reportaron dichos entes, el gobierno federal tampoco cuenta con otros mecanismos de vigilancia fiscal para conocer con precisión quiénes participan en esos esquemas internacionales y con qué fin.
La investigación
ICIJ obtuvo una filtración masiva de documentos que revelaron que con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales los negocios offshore de al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales; entre los ciudadanos y residentes que utilizan una sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas aparecen más de 80 personajes del mundo de la política.
En conjunto, han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras. Aunque tener una compañía extraterritorial no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el “lavado” de dinero, corrupción o evasión fiscal.
En México no es ilegal tener esquemas fachada para mantener activos o resguardar patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales; sin embargo, su uso puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios pues pueden esconder dinero y bienes de sobornos o desvíos.
“Esto es de particular interés en naciones como México, donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.”, asentó la investigación publicada ayer por la tarde y que ha causado revuelo en el país.
