El primer cambio estratégico sustantivo para Hidalgo en 2025 se ha suscrito en la reforma al artículo 21 de la Constitución, efectuado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad pública que fortalecerá la coordinación interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que encabeza Omar García Harfuch, que abrirá una renovación para la procuración e impartición de justicia en la nación.
La coordinación interinstitucional en materia de Seguridad Pública propiciará una serie de variantes estructurales tanto en las directrices de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, donde su titular Francisco Fernández Hasbun tendrá la vitalidad de una alianza política desde el gobierno federal para situar los nuevos parámetros de la impartición de justicia, así como el titular de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, contará con un nexo de reorientación estratégica e inteligencia para la seguridad ciudadana.
Los aspectos centrales de esta reforma constitucional para la construcción de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ubican vínculos expresos con las entidades de la nación bajo las prescripciones de:
I. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá la función expresa de dirigir y coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y habrá de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia. Condición que aumentará los nexos con la Secretaría de Seguridad Pública en Hidalgo, ampliando la comunicación transversal e inteligencia en las operaciones de seguridad ciudadana.
II. El papel del Ministerio Público amplía su relación interinstitucional que, de acuerdo al Decreto Ley, “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”. El ministerio público en Hidalgo será reorientado en un esquema de transversalidad pública.
III. Paquete financiero de Seguridad Pública, cuyos recursos de manera expresa, situarán a los fondos federales para ser destinados en forma exclusiva para seguridad ciudadana, y serán auditados y vigilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Secretariado Ejecutivo. Esta medida incrementará el soporte financiero para la seguridad ciudadana en Hidalgo.
IV. El Secretariado Ejecutivo aparece como un órgano clave de coordinación en los órdenes de gobierno que la reforma al artículo 21, destaca “el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios”. Ello implica la reorientación de criterios en Hidalgo para seguridad pública en la inteligencia de uniformidad de acciones y estrategias.
Los impactos en materia de seguridad pública en Hidalgo, bajo los nuevos criterios y funciones para la seguridad ciudadana en la nación, advierten la transversalidad de los procesos públicos y sus directrices políticas en la administración del gobernador Julio Menchaca, que contará con nuevos instrumentos legales para centrar su discusión en delitos clave como el combate al huachicol, que engrosó una de las problemáticas recurrentes en la entidad, así como gestar una estrategia integral a nivel interinstitucional entre la Procuraduría de Justicia de Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública.
Inicia un 2025 con una directriz clara en materia de Estrategia Nacional de Seguridad Pública, frente al cruento déficit histórico que han presentado diversas administraciones gubernamentales del país.
