La reunión del gobernador Julio Menchaca Salazar con su homólogo de Querétaro, Mauricio Kuri González, fue celebrada para diseñar un plan de trabajo que responda a la presión política de la ciudadanía de Zimapán por el trasiego de agua del Acueducto III, que está en trazo de reestructuración sobre el acuerdo realizado en 2010 con el estado vecino. Sin embargo, la crisis hídrica advierte futuros desencuentros sociales debido a la asimetría de distribución del agua que sucede en Hidalgo y que ya tiene en alerta roja a todo el país.
La crisis hídrica nacional ha empujado al transporte interestatal de agua desde hace décadas, recordemos cuando el agua se llevaba de Hidalgo hacia el Estado de México y la Ciudad de México. En el caso de Querétaro, Conagua creó el Acueducto III sin tener un Plan Nacional de Emergencia para la redistribución equitativa del líquido (como derecho humano), frente a un fenómeno que amenaza la seguridad nacional.
Si bien el gobernador hidalguense reconoce que el agua es un recurso nacional, debe priorizar el uso inmediato que de ella merecen hacer los ciudadanos de la demarcación de Zimapán, frente a una presión política que amenazaba en convertirse en ingobernabilidad y conflicto social con el estado de Querétaro.
Lo trascendente de la crisis del agua en México es que puede convertirse, además, en un problema político. Durante décadas, las metrópolis que concentraron el poder político en el antiguo régimen avasallaron los recursos hídricos, lo que generó una asimetría de provisión a las capitales de los estados, marginando a las comunidades y regiones del vital líquido.
Por ende, el problema de la equidad en la distribución del agua tiene su raíz en una condición de poder político, no social. A ritmo de oferta y demanda, el agua y su condición de recurso escaso trajo consigo los apetitos de mercado, que se unieron a los contubernios del antiguo régimen, el que apadrinó su control para los negocios privados.
Las empresas privadas oligopólicas en México de la industria pesada, agrícolas y refresqueras, como Coca-Cola, han tenido en sus manos el control preferente de uso de agua como forma comercial y se multiplicaron sin mayores límites legales, e inclusive florecieron los cacicazgos del agua en diferentes estados, como en Hidalgo y Nuevo León, donde el control abierto y clandestino del agua fue uno de los factores que generaron la crisis que experimentó recientemente Monterrey.
Esta prueba de inequidad política con impacto social es el epicentro de la crisis del agua en el país, no el hecho de asumir que el recurso se encuentra disperso en los mantos freáticos. Esto es lógico, pero su extracción y distribución se pueden realizar en apego a los derechos humanos, tema ausente en las discusiones de los congresos en México.
Es urgente que el Congreso de Hidalgo trabaje en una ley de protección con matiz de derecho humano del agua, de los mantos freáticos y de la distribución garantizada y equitativa para consumo humano.
Digámoslo claro: el mercado no puede subordinar al Estado para la comercialización del agua; es un recurso de la nación, pero no en sentido abstracto, sino como preservación de la vida humana.
La crisis política del agua no sólo ha alcanzado a Zimapán y a diferentes regiones que agonizan de sed en Hidalgo. Pachuca es la radiografía histórica de una apresurada, agónica e inexorable crisis social de subyugación política a la ciudadanía que seca la garganta y la dignidad humana.
