En Hidalgo se estima que hay 48 mil infantes y adolescentes en riesgo de caer en actividades ilícitas, sobre todo en los municipios donde persiste el robo de combustibles, actividad para la que son reclutados en trabajos de halconeo (vigilancia del movimiento de autoridades).
Durante la sesión ordinaria del Congreso de Hidalgo de este jueves, la diputada Erika Rodríguez dio lectura a la iniciativa de ley con carácter de decreto, con el que se busca incorporar el capítulo quinto y título décimo al Código Penal del Estado de Hidalgo para señalar el concepto de reclutamiento y las penalidades que podrían alcanzar.
La diputada propuso incorporar al artículo 253 que, cuando se cometa este delito, a los responsables se les dé entre 10 y 20 años de prisión y multas de 100 a 200 UMAS. Y las penas llegarían al doble cuando se trate de tutores, familiares colaterales (hasta segundo grado), recurran al uso de la fuerza, las víctimas sean huérfanas, en condición de migrantes, cuando el victimario sea funcionario público.
“Nos utilizan y luego a la basura”, son las palabras de las niñas y niños que son reclutados, expresó la diputada local, quien aclaró que, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, el Sistema para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y organizaciones no gubernamentales como Seiinac, detectaron que hay que tipificar el delito, que es independiente de la trata de personas y la corrupción de menores.
De ser aprobada la propuesta, Hidalgo sería la primera entidad con andamiaje jurídico para atender esta problemática.
