El gobierno de Hidalgo ha dado un paso importante en la lucha contra la corrupción al anunciar la regularización de terrenos en tres colonias habitadas por exintegrantes de Antorcha Campesina, una organización que durante años ha sido señalada por presuntos abusos y manipulación en la entrega de apoyos sociales. Esta medida, que beneficiará a más de 400 familias, marca un hito en la distribución directa de beneficios, dejando atrás la intermediación de líderes que, según acusaciones, desviaban los recursos públicos para su propio beneficio.
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, durante su comparecencia en el Congreso local, subrayó que este proceso se llevará a cabo sin la intervención de intermediarios, asegurando que los beneficiarios recibirán sus escrituras de propiedad directamente. Las colonias Marquesa, Luz del Carmen y la Unión de Antorchistas serán regularizadas, permitiendo que cientos de familias tengan, por primera vez, acceso formal a la propiedad de sus tierras, sin depender de figuras cuestionadas como Guadalupe Orona, dirigente estatal de Antorcha Campesina.
Esta acción se alinea con la política de transparencia y justicia social que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y que en Hidalgo ha sido aplicada por el gobernador Julio Menchaca Salazar. La intención es clara: acabar con las estructuras clientelares que durante décadas han monopolizado los beneficios sociales. Olivares Reyna señaló que, bajo el antiguo sistema, de cada 100 pesos destinados a los beneficiarios, sólo 20 llegaban realmente a sus manos debido a los recortes que aplicaban los intermediarios.
Antorcha Campesina, que se presentaba como una organización de defensa de los derechos populares, ha sido acusada reiteradamente de lucrar con la pobreza de sus miembros. A cambio de “aportaciones” forzadas, sus líderes ofrecían beneficios públicos, creando una estructura de dependencia que impedía el acceso directo a los apoyos sociales. En este contexto, la decisión del gobierno de Hidalgo de cortar los vínculos con esta organización ha sido vista por muchos como un paso necesario para garantizar una distribución justa y directa de los recursos.
Sin embargo, este cambio ha generado reacciones diversas. Para algunos, representa un avance en la lucha contra la corrupción y los abusos de poder; para otros, es apenas el inicio de un proceso que debe ser monitoreado de cerca para evitar que nuevas formas de intermediación ocupen el lugar de las antiguas. Antorcha Campesina es sólo uno de muchos actores que han aprovechado las lagunas del sistema para consolidar su influencia política y social.
Olivares Reyna fue claro en su mensaje: “No pueden vivir a costa de los demás”. Esta declaración refuerza el compromiso del gobierno de Hidalgo de eliminar las viejas prácticas clientelares y de garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a las manos de quienes realmente los necesitan. No obstante, queda la interrogante de si estos cambios podrán sostenerse a largo plazo o si nuevos actores buscarán ocupar el vacío dejado por organizaciones como Antorcha Campesina.
A lo largo de su historia, Antorcha Campesina ha sido señalada por su capacidad de movilizar a las comunidades rurales y urbanas en torno a sus intereses, generando dependencia en sectores vulnerables.
En este contexto, la regularización de los terrenos sin su intervención podría significar una pérdida de poder considerable para la organización, que ya ha visto disminuir su influencia en el contexto actual.
El futuro de Antorcha Campesina, así como de otras organizaciones similares, es incierto. Mientras tanto, las 400 familias beneficiadas con la regularización de sus tierras estarán atentas a que esta promesa se cumpla en su totalidad, sin nuevas trabas o retrasos. La cuestión clave es si esta medida realmente logrará desmantelar las estructuras de corrupción que tanto daño han hecho al sistema de apoyos sociales en Hidalgo.
Este es un momento crucial para el estado. Julio Menchaca Salazar y su equipo han demostrado que es posible cambiar el modelo de distribución de apoyos, pero el desafío será mantener la transparencia y evitar la aparición de nuevas formas de abuso. Mientras tanto, las comunidades vulnerables estarán observando cómo se desarrolla este proceso, con la esperanza de que, por fin, los apoyos sociales lleguen directamente a quienes más los necesitan.
La ruptura con Antorcha Campesina en Hidalgo simboliza un esfuerzo por parte del gobierno estatal por erradicar las viejas prácticas de intermediación y corrupción. Pero el verdadero reto está en garantizar que estos cambios perduren y que el sistema de apoyos sociales sea más justo y equitativo para todos los ciudadanos.
Por: Adalberto Peralta Rosales
Nací el 3 de enero de 1984 en Tehuacán, Puebla; mi único hogar ha sido Pachuca, Hidalgo, y así seguirá siendo hasta que me muera. "La escuela nunca me gustó y nunca fui buen estudiante", por lo que jamás me interesó titularme. Ejerzo el periodismo desde hace varios años, he aprendido que para escribir se tiene que leer mucho y tener muy pocos amigos. "Y si me ven contento es porque trabajamos derecho. De vez en cuando me enfiesto...".
