El Congreso local aprobó la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio, con el objetivo de asegurar el acceso de la población a servicios de salud mental en instituciones públicas, garantizando además un trato digno para los pacientes y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento.
Hidalgo forma parte de las menos de 20 entidades en el país que han legislado en la materia. La normativa consta de 42 artículos divididos en 10 capítulos, que regulan las facultades de la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Asimismo, incluye nuevas disposiciones como la reglamentación del internamiento de personas con padecimientos mentales. También se contempla la intervención del DIF estatal y la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebiso) para implementar políticas públicas dirigidas a personas en pobreza extrema o en situación de calle que vivan con trastornos mentales, discapacidades intelectuales o psicosociales.
La ley tiene un enfoque de género y va dirigida a tratar con dignidad y sin discriminación a los pacientes. A su vez, apuesta por evitar el aislamiento, permitiéndose únicamente en casos de protección de la salud pública, y tratar con respeto a todas las personas afectadas.
Otro aspecto contemplado es que tanto las clínicas públicas como las privadas deben evitar la estigmatización, los prejuicios, el uso de violencia, la exclusión social, la segregación y cualquier tipo de internamiento ilegal o arbitrario contra los pacientes. Además, se debe evitar la administración excesiva de medicamentos y tratamientos que no respeten la autonomía de las personas.
En caso de detectarse infracciones a la ley, el último capítulo contempla diversas sanciones que van desde amonestaciones y apercibimientos, hasta multas y arrestos de hasta 36 horas, así como la posibilidad de clausura temporal o definitiva del centro médico o lugar de internamiento.
