Ya lo dijo el presidente: en agosto se reanudan las clases presenciales en todo el país. Con esto, el debate sobre la seguridad de todas las personas que participan en el ámbito educativo vuelve a ponerse sobre la mesa. ¿Es seguro regresar? ¿Las escuelas tienen la capacidad de asegurar las mínimas condiciones para el regreso? ¿Los estudiantes de todos los niveles están listos para una vuelta responsable a clases?
La ciencia ha sido la encargada de salvarnos de una muerte masiva generada por el covid-19, pero la política ha tenido el papel de acrecentar las desigualdades y generar un clima de desconfianza respecto a la gestión de la pandemia a lo largo del planeta. En México, las decisiones y estrategias se dieron a destiempo, en medio de un proceso electoral que supo manipular los datos para dar fin a las medidas de seguridad que podían mantenernos a salvo y educarnos en la gestión personal y familiar de la pandemia.
La educación presencial es necesaria. Entonces, una estrategia bien pensada que asegure (en la medida de lo posible) el bienestar de todas las personas que participan en el proceso educativo, es urgente. Para ello, el equipo del presidente deberá echar mano de una institución que ha estado en la mira los últimos años y, sobre todo, los últimos meses: la Secretaría de Educación Pública.
La SEP tiene la responsabilidad y el reto mayúsculo de generar esa estrategia, fortalecerla y socializarla en todos los niveles educativos, incluidas las escuelas particulares. ¿Por qué?, porque así han funcionado las estrategias exitosas en países como China, Bélgica y Francia, en los que han sido los gobiernos y las instituciones educativas las responsables de guiar un regreso a clases de manera responsable, realista y, sobre todo, segura.
Estamos frente a una de las decisiones más importantes en lo que va de la crisis por el covid-19 y esperamos que sea razonada y socializada de la manera correcta, porque el regreso a clases presenciales es uno de los grandes temas que hoy preocupan a los mexicanos.
