La tarde de ayer se desarrolló la audiencia por reapertura de investigación en la causa penal 146/2018, en donde César Gustavo G.A. es acusado de peculado. Durante la audiencia la defensa del exsecretario de Finanzas del municipio de Mineral de la Reforma, en el periodo de gobierno de Filiberto Hernández, solicitó se reaperturara la investigación complementaria porque el 21 de enero de 2018 solicitaron se exhibieran como pruebas, en favor del defendido, estados de cuenta por parte de la Comisión Nacional Bancaria y criterios implementados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), ya que argumentaron existen deficiencias (en su apreciación) de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Por su parte, el Ministerio Público señaló que el auto de vinculación se emitió el 11 de junio de 2018, mientras que la defensa había permanecido inactiva hasta noviembre del 2018, cuando era bien sabido que el periodo de investigación complementaria finalizaría el 23 de enero del presente año. Pese a ello, la solicitud de información a la ASEH se realizó en el mes de noviembre de 2018 y la correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria el 21 de enero de 2019.
En su momento, el acusado, César Gustavo G.A., sostuvo que quería precisar que tiempo después de su vinculación a proceso se detectó información para la defensa que no se conoció desde el inicio del proceso. Argumentó que en una segunda revisión los documentos (49 legajos de la carpeta de investigación) contaban con imprecisiones por lo que se pidió al municipio de Mineral de la Reforma mayor información sobre los criterios aplicados para determinar y realizar el cierre de cuentas FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social).
César Gustavo G.A. también señaló que acudieron el día que se vencía el plazo ante el MP, pero que la representación social les dijo que la Auditoría Superior había solicitado una prórroga, por eso la visita (para recibir copias de causa) se había realizado con fecha posterior. También citó como ejemplo que no se le extendieron reportes digitales y, que los compendios que le fueron entregados repetían información de 2012 y 2014, siendo que él había “entregado” durante el primer trimestre de 2015 y, no se encontraba dentro de dichas carpetas la delimitación de tiempo que él ejerció el cargo.
Finalmente, Ciro Juárez resolvió una prórroga de tres meses para recabar las pruebas solicitadas, previamente, por la defensa, precisando que será un periodo que no servirá para recabar nueva evidencia. Esto con base al derecho humano de defensa, es decir, pese a la argumentación de la representación social no se puede dejar en estado de indefensión o coartar pruebas que puedan servir para despejar las acusaciones de culpabilidad. Una vez más: Juárez al rescate con una espléndida cátedra de derecho penal en “corto”.
Por: Martha Sáenz
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