Crear un comité que evalúe a los candidatos para ocupar una plaza en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la aplicación de un examen público, oral y teórico-práctico, son las propuestas planteadas por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar para la elección de ministros, magistrados y jueces.
Lo anterior, en lo referente a la reforma judicial cuyos foros de discusión y asambleas informativas arrancan este día en la entidad.
El mandatario aseguró que es necesaria un “sacudida” completa de este sistema, incluidas las fiscalías y otras instancias, debido al clamor de la población por justicia. Informó que durante la reciente visita del senador Ricardo Monreal al estado le entregó esta propuesta.
“Esa es la aportación que me permití enviar antes de poder pensar, antes de poder competir por una elección popular; se tiene que generar un comité que evalúe que los que pretenden ocupar una plaza cumplan con los requisitos. No hay nada como un examen público, oral y teórico-práctico. En mi generación de la universidad, así se estilaba; todos podían asistir a los exámenes y no había calificaciones regaladas”, puntualizó.
Abundó que antes de considerar una elección popular es necesario buscar fórmulas para contar con personal altamente preparado y comprometido. En este sentido, aseveró que muchos de los que actualmente forman parte pueden participar para permanecer, pues también debe ser tomada en cuenta la carrera judicial.
Agregó que primero es necesario que se regulen los requisitos que marca la Constitución, que se demuestre la buena fama pública, el prestigio profesional, que se tenga una evaluación y luego generar las condiciones para estar, si así se determina, en una votación.
Menchaca Salazar recordó que fue presidente del Poder Judicial y que la manera de acceder a los juzgados era mediante un examen, sin someterse a votación. ‘Me dio buenos resultados durante casi seis años y no tuve ningún reclamo por la actuación de los jueces’, agregó.
Finalmente, afirmó que actualmente existe un despropósito y son desproporcionados los ingresos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y los juzgadores locales, quienes también realizan un gran trabajo.
