Quienes aspiren a ocupar un lugar en el Poder Judicial local deberán realizar una campaña para posicionarse entre la preferencia de la población, pero no podrán hacer uso de recursos públicos ni privados. Este es uno de los puntos incluidos en la iniciativa que el gobernador Julio Menchaca envió este jueves al Congreso local para reformar el Poder Judicial en 2027.
Se trata de uno de los «toques personales» que aportó el mandatario a la propuesta y una de las diferencias con respecto al proceso que se celebrará a nivel nacional.
“El poder generar condiciones para que los ciudadanos puedan conocer en el 2027 a quienes están siendo sujetos o quieren participar en ese proceso y van a tener una campaña de 60 días en donde no puede haber recursos públicos ni privados y esa es una diferencia que se da con el proceso que se va a dar en junio de este año”, explicó.
En entrevista con medios de comunicación, comentó que este proyecto se suma al planteado por los partidos políticos y busca fortalecer al organismo. Si bien se contempla también una tómbola para designar a los participantes, deberán pasar filtros como un examen de oposición, cumplir con los requisitos legales y demostrar que están aptos para desempeñar la función.
Además, el método planteado permitirá abrir camino a un proceso democrático que busca dejar atrás la posibilidad de injerencia política en el Poder Judicial. Recordó que le ha tocado proponer magistrados con perfiles altos que cumplen con las expectativas, pero que la conformación cambiará, permitiendo que no sólo aquellos que forman parte de la institución puedan aspirar.
Algunos otros aspectos incluidos se refieren a que las personas electas tendrán un periodo de 6 o 9 años en el cargo, dependiendo de su votación, con posibilidad de reelección sin que esto implique inamovilidad. También se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar responsabilidades administrativas de jueces, magistrados y demás integrantes del ente.
A su vez, se establecerá el Órgano de Administración Judicial, que asumirá las funciones actualmente en manos del Consejo de la Judicatura, el cual desaparecerá una vez que entren en funciones estas nuevas instancias.
También se contempla la prohibición de crear fideicomisos, fondos o contratos análogos no previstos en la ley. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa deberán resolver los asuntos en materia tributaria en un plazo máximo de seis meses, bajo riesgo de sanciones.
Finalmente, quienes actualmente ocupan cargos judiciales podrán participar en la elección de 2027, salvo que declinen expresamente su candidatura o busquen un cargo distinto. Para aquellos que no participen o no resulten electos, se contempla una indemnización conforme a la legislación laboral aplicable.
