La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) extendió tres recomendaciones, informó en conferencia de prensa este miércoles su titular, Ana Karen Parra Bonilla.
La primera se refiere a hechos ocurridos en Huichapan que involucraron la violencia ejercida contra una mujer. Después de su último parto en 2013, autorizó la práctica de un método anticonceptivo permanente. Sin embargo, cinco años después le diagnosticaron un embarazo de alto riesgo.
Como consecuencia de lo anterior, experimentó malestar y fiebre, por lo que solicitó atención en el Hospital General de ese municipio. Allí le informaron que faltaba una semana para el parto. Sin embargo, cinco días después regresó para una evaluación y le indicaron que se presentara en 72 horas únicamente si había alguna emergencia.
Volvió al hospital unos días más tarde, donde le recomendaron hacerse un ultrasonido en una clínica privada. El resultado mostró que el bebé había fallecido, por lo que regresó al nosocomio donde le confirmaron la pérdida y también le diagnosticaron preeclampsia. Sin embargo, debido a la falta de ginecólogo, anestesiólogo y radiólogo, la cesárea se realizó muchas horas más tarde.
Como resultado, la CDHEH determinó que se cometieron violaciones a los derechos humanos de la víctima, quien sufrió violencia obstétrica al no recibir atención oportuna, así como violencia institucional. Por lo anterior, se ha solicitado a la Secretaría de Salud de Hidalgo ofrecer una disculpa pública a la afectada e inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas para que pueda acceder al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, entre otras medidas.
La segunda se inició luego de la queja de dos adolescentes en contra de policías de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atotonilco de Tula, ya que un oficial de esa corporación presuntamente abusó sexualmente de la víctima y tuvo conductas inadecuadas que pusieron en riesgo su integridad física y psicológica, aunado a lo anterior, le exigió que le proporcionará su número telefónico. Por lo anterior, el organismo giró la recomendación dirigida al presidente municipal.
Además, se solicitó llevar a cabo la reparación integral del daño y notificar a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para iniciar los procedimientos y trámites pertinentes. También se recomendó capacitar al personal en temas como los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la implementación del protocolo cero para la prevención y manejo del acoso sexual y laboral, entre otros.
Finalmente, la tercera recomendación fue girada al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, pues la víctima denunció violencia familiar y abrió una carpeta de investigación en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.
Posteriormente, un agente investigador indagó hechos contrarios a los indicados en el expediente e incluso entrevistó a la víctima y a su hija, sin que esto estuviera indicado, lo que representa un exceso de sus funciones. Además, el caso no se encontraba asignado a su persona, por lo que también violó las garantías del proceso y debida diligencia, así como el acceso a la justicia y ejerció actos de investigación de manera inadecuada.
