Entre gritos de “¡el pueblo unido jamás será vencido!” y “¡no más saqueos!”, la alcaldesa Yazmín Dávila López encabezó una reunión informativa con habitantes de Singuilucan reunidos en la explanada municipal, donde informó sobre las acciones de su administración frente a la crisis derivada de un embargo por un laudo laboral superior a los 21 millones de pesos.
Recalcó que su gobierno inició el proceso de nulidad de la sentencia, a la que calificó como ilegal, y aseguró que esta “no va a proceder”. También señaló que no se permitirá la retención de las cuentas públicas, pues las participaciones municipales son inembargables conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, además de anunciar que desde este viernes las actividades del ayuntamiento regresarían a la normalidad.
“Quiero hablarles con claridad y transparencia. Hace nueve años, en 2016, se originó una demanda por parte de treinta trabajadores, la cual fue mal atendida y con muchas opacidades. Hoy han emitido una resolución que pretende que nuestro municipio pague más de 21 millones de pesos. Pero no sólo eso: amparados por un Poder Judicial inequitativo y corrupto, intentaron embargar los bienes que nos pertenecen”, destacó.
Arturo Gil Borja: “El abogado saqueador de municipios”
Dávila López responsabilizó directamente al abogado Arturo Gil Borja de los hechos que afectan al Ayuntamiento y anunció que ha emprendido acciones legales contra él. “Este personaje es uno de los principales responsables de una infame demanda laboral que amenaza con despojar a Singuilucan de sus bienes públicos”, declaró.
Lo señaló como “un vil saqueador del patrimonio colectivo” que, en tiempos de gobiernos anteriores, se sentía intocable. Su modus operandi, explicó, consiste en tomar juicios laborales, cobrar porcentajes elevados a los trabajadores y, aprovechándose de artimañas legales, busca ahora arrebatarle al pueblo lo que por derecho le pertenece.
“Ayer, yo, Yazmín Dávila López, a título personal, presenté una denuncia ante el Ministerio Público contra este señor, pues en diciembre del año pasado intentó sobornarme; vino aquí con algunos trabajadores a ofrecerme un 20 por ciento si yo le pagaba. Les juro que será juzgado por este y otros actos”, sostuvo.
Llama a alcaldes a alzar la voz
Además, hizo un llamado a otros presidentes municipales a no tener miedo y a alzar la voz frente a estos abusos, recordando que Singuilucan no es el único municipio afectado ni el único donde Gil Borja intenta aprovecharse, al igual que otros abogados que operan con la misma estrategia. “No más saqueo de trabajadores y alcaldes ambiciosos. ¡A nuestro patrimonio no se le toca!”, enfatizó.
Durante su discurso, también llamó a la unidad y a la defensa del patrimonio colectivo: “De la mano de ustedes, el pueblo, estamos aquí para defender nuestro camino, nuestro futuro y nuestra dignidad. El mensaje que hoy queremos mandar es claro: ¡la unidad y la paz!”.
“Singuilucan no está solo ni indefenso, aquí hay un pueblo de pie. El patrimonio de Singuilucan es inembargable, y quien intente lucrar con él se encontrará con la fuerza de un pueblo unido”, advirtió.
La edil insistió en que el proceso de embargo estuvo plagado de irregularidades. “Ustedes fueron testigos de ello. El tribunal actuó de forma arbitraria, ventajosa. Este proceso violó principios procesales”, dijo.
También agradeció el respaldo de la Coordinación Jurídica del Gobierno de Hidalgo y la disposición de regidores y habitantes para aportar recursos, aunque afirmó que no será necesario: “para eso está el dinero en nuestras cuentas”.
Finalmente, anunció que continúan con una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables por malversación, fraude procesal e incumplimiento de deber legal, y subrayó que ya se han presentado tres denuncias a través del síndico jurídico.
