La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) ha causado revuelo tanto en la opinión pública nacional como dentro de lo internacional. Principalmente, como no es de extrañarse, nuestro vecino del norte se ha mostrado sumamente “preocupado” en lo que concierne a dicha reforma, al grado de que sus declaraciones, expresadas a través del embajador estadounidense Ken Salazar, rozan con la injerencia en los asuntos nacionales. No por nada el presidente López Obrador ha pausado las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, una muestra más de que no le tiembla la mano a la hora de demostrar que su gobierno verdaderamente vela por la soberanía nacional.
Las declaraciones del Tío Sam transmitidas en lo que ha mencionado su embajador, más allá de denostar preocupación por el manejo de los jueces, ministros y magistrados de nuestro país, lo único que evidencian es que al gobierno de Estados Unidos (mayormente moldeado por sus corporaciones transnacionales) le atemoriza completamente que el Poder Judicial ya no rinda cuentas a sus empresarios, sino que, al ser elegido de manera popular, ahora verdaderamente imparta justicia ante los tribunales, cuestión que se transmita en que las empresas sean obligadas a pagar impuestos, salarios y cumplir con las condiciones laborales necesarias para sus trabajadores.
Todo esto lo ocultan a través de la narrativa de que esta reforma debilitaría al Poder Judicial, ya que muchas personas con dudosas intenciones o narcotraficantes podrían aprovecharse de jueces inexpertos o podrían corromperlos. Como si esas cosas no pasaran durante los gobiernos prianistas, pero ahí el gobierno estadounidense jamás tuvo quejas sobre el PFJ, obviamente porque durante ese tiempo jamás se pusieron en riesgo los intereses del capital.
Aunado a esto, los medios de comunicación afines a los intereses estadounidenses han reproducido la narrativa de que en nuestro país la democracia está en riesgo, lo cual es sumamente curioso viniendo de un país donde prácticamente cualquier decisión comunitaria se somete al voto popular, y también ¿adivinen qué? Lo hacen los jueces del país, ya que, por lo menos en 43 de los 50 estados de Estados Unidos, las personas que se encargarán de llevar los juicios son elegidas por la población. Por lo que si nuestra reforma plantea lo mismo, ¿de qué manera se pone en peligro la democracia?
No cabe duda de que nuevamente el Tío Sam quiere “cuidar” de su patio trasero, no obstante, no se ha dado cuenta de que dicho patio cada vez se aleja más y más de su influencia; esta reforma es la materialización de dicho distanciamiento, dándole mayor relevancia a las decisiones de la población y demostrando que es posible depender cada vez menos de Estados Unidos. Sin embargo, pese a que los intentos de este gobierno y del siguiente puedan tener gran impacto en nuestra autonomía nacional, edificando una relación más justa y entre pares con la nación antes mencionada, no hay que olvidar que nuestro vecino no nos dejará ir sin antes luchar.
Por: Carlos Nander
Estudiante de la disciplina de las Relaciones Internacionales en búsqueda de los posibles efectos que pueden generar dentro de nuestro país. Amante del conocimiento, la historia y el cine.
