La aprobación de la reforma judicial por el Congreso de la Unión generará un terremoto que sacudirá a todos los Poderes Judiciales de las entidades federativas y la Ciudad de México.
Sólo en Hidalgo existen 81 jueces y 21 magistrados (hombres y mujeres) que dejarán de serlo en el 2027, salvo que participen en la elección que se llevará a cabo en conjunto con la elección de diputados, y resulten electos.
Aunque sería un error generalizar, sí es cierto que en Hidalgo el Poder Judicial es un apéndice del poder político y/o familiar. Muchos de estos jueces y magistrados han dedicado toda su vida al Poder Judicial no sin el “impulso” de familiares y/o amigos.
Quienes conocemos un poco el medio sabemos que algunos o muchos jueces y magistrados tienen árbol genealógico judicial, no así quienes ocupan cargos menores que en algunos casos han expresado temor o repudio a la reforma, pero ellos deben estar tranquilos porque la reforma garantiza sus derechos laborales y permanencia.
En Hidalgo, el descaro o la falta de sensibilidad por lo que se siente desde afuera es tal que más de una ocasión he escuchado a integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en cursos o capacitaciones a las que he acudido, referirse a su institución como el Poder Familiar. Por supuesto hacen uso de esta expresión sin conciencia de lo que ello implica para los de afuera, pero ese es su nivel de apatía por cómo es visto el ejercicio de su poder en la sociedad.
Hasta el momento el foco de atención se ha centrado en el Poder Judicial de la Federación que de manera inédita suspendió labores y hasta trataron de impedir que se llevara a cabo la sesión del pleno de la Cámara de Senadores para que no se votara la reforma.
Sin embargo, pareciera que sus inconformidades y protestas no han permeado en los poderes judiciales locales que, hasta la fecha, no se han manifestado o lo han hecho con mucha discreción, pero a partir de este momento sólo caben tres posibilidades: que se sumen al paro laboral (lo que sólo incrementaría el repudio social); que empiecen a hacer lo propio para ser considerados en el proceso de elección; o que pongan la mira en la iniciativa privada.
A juicio personal, la pasividad con la que han actuado los poderes judiciales locales ante la reforma es producto del reconocimiento de sus males, una autocrítica pasiva necesaria y, lo que ya de por sí hacían, sometimiento al poder político.
Por: Leonardo Flores Solís
Abogado de profesión y activista por vocación. Soy producto de la justicia social. Maestro en Derecho por la UNAM y licenciado en Derecho por la UAEH. Soy más puma que garza.
