De manera formal el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha dado inicio al proceso electoral del Poder Judicial, que tendrá que aterrizar las leyes secundarias que emanen del Congreso y que habrán de requerir financiamiento público.
En este trazo de instrumentación electoral de la reforma del Poder Judicial, Hidalgo ha protagonizado diferentes desencuentros sociales donde la polarización política de los trabajadores del Poder Judicial se ha enfrentado al gobierno de Julio Menchaca. En lo sustantivo, la reacción de los trabajadores del Poder judicial responde a la estrategia de golpeteo político del antiguo régimen y a una dosis de competencia profesional de mercado, en la cual tendrán que entrar a competir en un proceso electoral de “estrechez de embudo”, donde el voto ciudadano se convertirá en un filtro soberano de democracia representativa en el plano de la justicia.
De acuerdo a Dieter Nohlen “un sistema electoral alude al principio de representación y al procedimiento técnico mediante el cual los electores expresan su voluntad política con votos que, a su vez, se convierten en escaños”. En este sentido, el INE se encuentra en una fase de instrumentación técnica para proceder a la operatividad de las leyes secundarias de la reforma del Poder Judicial.
Sin embargo, no es la instrumentación del proceso electoral del Poder Judicial lo que mantiene los cuestionamientos de forma y fondo de la oposición sobre este proceso electoral. Dicho de otra forma, no es la actuación del árbitro electoral la que preocupa a las fuerzas del antiguo régimen, sino la selección de contendientes a la estructura burocrática del Poder Judicial; argumentando que será un proceso “a modo” para que los aspirantes de filiación a Morena sean los que jueguen en las papeletas y accedan a los cargos del Poder Judicial.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha indicado que técnicamente queda abierto el proceso electoral a partir del artículo Transitorio Segundo con Decreto Ley por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales, para la reforma del Poder Judicial que establece que el Consejo General del INE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario que se efectuará en el 2025.
Este entramado ha desatado, en los últimos días en Hidalgo, una polarización política que ha creado una arena de confrontación de las fuerzas del antiguo régimen que no sólo se circunscriben a las protestas y manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial en contra del gobierno de Julio Menchaca. Se encuentran también las expresiones partidistas en alianza PRIAN-MC+PT/GU que están tratando de capitalizar los vacíos de poder que pudiera presentar Morena. El control de Grupo Universidad sobre el PT, ya marca un claro golpeteo de naturaleza beligerante al gobierno guinda y una llamada de atención al 4º Piso.
La magnitud de la disputa electoral del Poder Judicial tiene en vilo a las fuerzas del PRIAN-MC+PT/GU en Hidalgo, porque requieren politizar la elección de la estructura burocrática del Poder Judicial para tratar de crear incertidumbre ciudadana para la emisión del voto, iniciando con ello una “operación mapache” que permita replantear su presencia a nivel político.
La “operación mapache” de la oposición requiere activar a los operadores políticos en Hidalgo. Ello implica un sistema de financiamiento y prebendas que ya ha sido perfilado desde la oligarquía empresarial en México y que presenta caras como la Marea Rosa y la ONG Mexicanos Contra la Corrupción, y sus ligas con organizaciones empresariales como CCE y COPARMEX, que meses antes de la reforma judicial ya habían iniciado la cruzada de terror y movilización política en el país.
En Hidalgo la COPARMEX fue particularmente incisiva en sus pronunciamientos en contra de la reforma al Poder Judicial, lo que se unió a la presencia de la Marea Rosa, al paro de los trabajadores del Poder Judicial y se sumó a la coordinación de la alianza PRIAN-MC+PT/GU.
Se precipitan los movimientos y cofradías políticas tras bambalinas del reencuentro de las expresiones partidistas del antiguo régimen en Hidalgo. Inicia la “operación mapache”, al más puro estilo del rostro del caciquismo político que hizo grande el poderío tricolor como bastión político por más de nueve décadas en suelo hidalguense.
