Como nunca antes había sucedido, porque el peso de los gobiernos del PRI lo impedía, se destapa la cloaca del peculado, la corrupción y la impunidad en Hidalgo, en una vertiginosa escalada de investigación por parte de las diferentes dimensiones de la procuración de justicia, la fiscalización y los controles de una Secretaría de la Contraloría actuante, instancia que ha evidenciado el abuso de poder y la malversación de fondos durante la gestión de Omar Fayad Meneses.
Todas estas vértebras de corrupción e impunidad de la administración pasada se multiplican desde el pillaje de desvío de fondos, como lo ocurrido en la Estafa Siniestra, el uso indebido de programas de asistencia social, de apoyo al campo, de compra de infraestructura e inmuebles y suministros al gobierno, así como el tráfico de influencias que revela múltiples formas delictivas dentro de la administración pública, acompañadas de las conductas de los funcionarios, en una cadena de arbitrariedades que fueron encubiertas y lastimaron al erario público y a la ciudadanía.
La espada desenvainada que en gran medida empuña Santiago Nieto como gendarme custodio en las investigaciones advierte que no se ha terminado con la lista de malos servidores públicos amparados por el pasado gobierno, porque han aparecido alcaldes que no sólo son de extracción priista, sino exsecretarios de gobierno y de la oficialía mayor que adjudicaron contratos al sector privado y fueron parte del trasiego de influencias, así como del manejo histórico del uso de suelo en el negocio con inmobiliarias del pasado y quizá del presente.
Hasta ahora, el diseño político de la procuración de justicia y democracia de Santiago Nieto ha pisado el acelerador en las investigaciones del sector público y la malversación presupuestal, pero queda por destapar el cordón del sector privado como proveedor de la administración de Omar Fayad, en donde la obra pública a nivel estatal erogó millones de pesos que lo mismo se sustentaron en pavimentación, carreteras, puentes atirantados, licitaciones y contratos para compra de infraestructura y suministros, o bien, las consagradas inversiones públicas que suelen ir a “fondo perdido”, por lo que la mira debe también ir hacia el arqueo y fiscalización del sector privado, que no solamente se nutre de proveedores del estado de Hidalgo.
El análisis crítico de la administración de Fayad Meneses pone al descubierto que mientras los gobiernos del PRI en Hidalgo históricamente fueron juez y parte, sin contrapesos claros de alternancia política y prohijando un caciquismo que enriqueció a las élites económicas y de la clase política, el control de las estructuras de gobierno se mantuvo como botín que financiaba su poder a través de la reproducción hegemónica de una estructura corrupta de poder, que se sirvió con la cuchara grande por décadas en uno de los estados más pobres y desiguales del país.
La credibilidad alcanzada por el gobernador Julio Menchaca Salazar en el combate a la corrupción e impunidad en su primer año de gestión aún es insuficiente, por lo que el diseño político de procuración de justicia y democracia debe profundizar la aplicación de fiscalización no sólo hacia el pasado de la administración pública, sino también en el presente. Esa es la tarea pendiente del gobierno del pueblo donde el buen juez por su casa empieza.
