La indefinición del Congreso de Hidalgo en torno a la nominación del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ha generado una crisis democrática al interior de este organismo, pero también significa un riesgo para la seguridad de la ciudadanía, que ve en duda el respeto de sus derechos fundamentales. Se ha creado un dilema, como señaló Platón, entre “la justicia como poder y el poder como moderación”, donde el legislador debe preservar en todo momento la virtud de la ley, al margen de sus intereses y arenas políticas.
En este escenario crítico, la ciudadanía no puede quedar en indefensión, máxime en un impasse donde a todas luces priman los intereses políticos, los cuales han vulnerado los procesos y los tiempos que ya deberían haber definido al ombudsperson bajo el esquema de perfil idóneo, el cual ya había sido determinado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las personas con Discapacidad del Congreso local, que admitía que una sola persona sería votada y por ingeniería constitucional había ganado Javier Ramiro Lara Salinas. Esta decisión debió ser admitida con base en la propia legalidad establecida en la convocatoria, que estipulaba como plazo para la designación el día 1 de enero de 2022.
¿A qué atiende la inusitada indecisión del Congreso local cuando ya había admitido el perfil del nuevo titular de la CDHEH?
Este anómalo y oscuro proceso de selección no es más que el fiel reflejo del escenario político, que han supeditado la ética pública al juego de intereses que lastima la soberanía de la ciudadanía. Se ha violado el acuerdo de la convocatoria que el mismo Congreso del Estado de Hidalgo diseñó para hacer público un ejercicio legislativo que debe estar investido de democracia y transparencia.
En este aciago contexto, resulta trágico que sigan primando condiciones anómalas en la conducta de los legisladores, que no han respetado la ética pública como condición soberana de la voluntad del pueblo a la que se deben por virtud de su encargo popular. Esta inopia política deja en entredicho no solo su ética y probidad, sino también la pericia y conocimiento pleno de su labor.
Insisto: es increíble que el Congreso local no haya respetado los plazos de la convocatoria, que indicaban que la elección del ombudsperson debía presentarse el 1 de enero, condición que de manera abierta perfila una violación a los derechos humanos al no respetar la ley.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
