Pocos análisis advierten el peso sustantivo que presenta el control de los poderes públicos para la reestructuración del sistema político en México.
En los hechos, la degradación del sistema político del antiguo régimen no fue la única dimensión que explicó el ascenso del gobierno de alternancia de Vicente Fox y, a la postre, lo que implicaría la alternancia política de Andrés Manuel López Obrador.
En este escenario, el antiguo régimen para su reproducción hegemónica garantizó desde el control de los poderes públicos la intervención o injerencismo del control social. No bastaba con detentar al partido hegemónico -PRI- para sustentar el poder, había que generar un denodado injerencismo en las familias, en las universidades, en los sindicatos, en la cultura; esto tenía que hacerse desde la maquinaria legal para empoderar a los poderes fácticos de empresarios nacionales y extranjeros, oligarcas del campo y la ganadería, así como la presencia del sector comercial que con beneplácito ahogaba al consumo familiar y estrangulaba por el estómago a la sociedad. (La fierecilla domada de William Shakespeare lo explica claramente).
Por ende, el Plan Claudia que llama al control de las Cámaras, hace del Poder Legislativo en la nación el bastión de la reestructuración política del país.
Hidalgo atraviesa por la transición del Poder Legislativo que se encuentra experimentando el malestar y rechazo del pueblo porque la precaria productividad e impacto social que deja la legislatura saliente no concita con las presiones sociales y las asimetrías que tienen las y los hidalguenses en un momento decisivo de transformación político-social.
Desde la reacción enconada de la ciudadanía en Hidalgo, en un análisis fallido en un medio local, hace unos días trascendía una impugnación sobre la serie de tomas de vías de comunicación y formas de presión que se han convertido en la estrategia para exigir del gobierno respuestas y soluciones. El medio insistía que se debía privilegiar el diálogo y no secuestrar a ciudadanos que en esos momentos van a sus trabajos y los pueden perder por llegar tarde o, bien, a personas enfermas que acuden a hospitales, o a los colegiales que acuden a sus escuelas. El medio terminaba diciendo: “estas personas que obstruyen las vías de comunicación deberían ponerse en los zapatos de los ciudadanos”. Todo ello es verdad, pero ¿cuándo el gobierno se pondrá en los zapatos de los ciudadanos que protestan por carencia de agua, por crímenes que atentan contra su seguridad, por delitos de alto impacto que impiden el desarrollo humano y social?
Es en este escenario, donde el malestar del pueblo debe hacer de la nueva legislatura en el Congreso de Hidalgo, el piso firme de las realizaciones sociales que ha emprendido el gobierno de Julio Menchaca y que, a dos años de su ascenso, ha sido obstruido por la legislatura saliente que tuvo magros resultados y presencia social, surge la necesidad de implementar las prácticas de parlamento abierto.
La reestructuración política de los poderes públicos es una clara articulación de las necesidades de la ciudadanía por extinguir los estamentos de privilegios que imperaron con y desde el antiguo régimen, y exigen la incorporación ciudadana al mando del Poder Legislativo en Hidalgo que promueva prácticas de parlamento abierto para la ciudadanía.
Los parlamentos abiertos enfatizan la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana en la construcción del devenir público, pero, por sobre todas las cosas, garantizan la concreción de la tarea pública, es decir, hacen operativa la ingeniería constitucional de la cual el Congreso de Hidalgo no sólo es responsable, sino custodio de su operatividad social.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
