No sabemos en qué va a terminar el debate que ocurre en el Poder Legislativo federal sobre la encomienda presidencial de reformar la ley electoral en México y así crear un organismo que sustituya al Instituto Nacional Electoral (INE).
Como sabemos, este organismo público y autónomo es el encargado de organizar las elecciones federales en todo el país y apoyar a los organismos electoral de cada entidad. Hasta la más reciente información que el propio organismo emitió, hoy el INE cuenta con una población registrada de 94 millones 776 mil 387 personas en posibilidades de votar. El 48 por ciento son hombres y el 52 por ciento son mujeres; el sector más numeroso es el de población mayor de 65 años, con 11 millones 858 mil 159 ciudadanos; después el de entre 25 y 29 años, con 11 millones 202 mil 13 personas y en tercer lugar el de 20 a 24 años, con 11 millones 74 mil 669 personas.
Ante la eventual reforma de la ley electoral que propone el Ejecutivo, con la ya tradicional instrucción a los suyos del Poder Legislativo de no moverle ni una coma, la sociedad civil se organizó para realizar el domingo pasado una marcha de protesta, tanto en la capital del país como en 80 ciudades a lo largo del territorio, e incluso más allá de sus fronteras.
En la Ciudad de México la asistencia a esta marcha fue calificada como un éxito por los propios organizadores. Dicen que se superaron ampliamente las expectativas, con todo y que, para el secretario del gobierno de la capital del país, la asistencia rondó entre los 10 mil y 12 mil asistentes. Otros hablan de entre 500 y 600 mil manifestantes.
Cualquiera que haya sido la real asistencia, resulta interesante que el reportero de un medio de comunicación nacional haya escrito en sus redes que después de haber acudido a cientos de marchas a lo largo de su carrera periodística, “nunca había visto una como la de hoy”.
Ahora, ¿qué tanto conviene o no la multicitada reforma electoral? Rescatamos la opinión de Alberto Aziz, investigador del CIESAS (Centro de Estudios Superiores e Investigaciones Antropológicas): “Ahora, cuando hemos llegado a tener una nueva versión del partido dominante, Morena, ahora que ha llegado a la presidencia, las mayorías en el Congreso federal y congresos locales y tiene 22 gubernaturas con sus aliados, es cuando se quiere cambiar el sistema electoral”.
Agrega que hoy desde el poder se quiere cambiar al árbitro. La contradicción se explica sola. Gracias a que tenemos un sistema confiable que organiza las elecciones, el fraude ha dejado de ser una preocupación de la agenda pública; sin embargo, el presidente y su partido no están satisfechos.
La marcha del domingo 13 de noviembre salieron de Reforma a la altura del monumento a la Independencia y la marcha terminó en la plaza de la República, en el monumento a la Revolución. El único orador fue el primer presidente que tuvo el actual INE, entonces IFE, José Woldenberg, quien dejó claro que “México no merece una reforma electoral impulsada por una sola voluntad. No a la destrucción del INE. No al autoritarismo”.
Antes, el mismo Woldenberg se había preguntado por qué el presidente y su partido quieren destruir el sistema electoral tal y como hoy lo conocemos, si ellos se han beneficiado de él. Gracias a las normas e instituciones en materia electoral, Morena pudo obtener su registro como partido, acceder a una batería de prerrogativas nada despreciables y a un financiamiento público generoso.
Sin duda, la actual ley electoral, como todas, es susceptible de mejorar. Por ejemplo, ciertamente los sueldos de los consejeros del INE son insultantes, luego entonces, suena bien que quienes vayan a ocupar estos cargos en seis meses les bajen a sus pretensiones.
No suena mal que también baje el número de senadores, diputados federales y locales, y claro que hasta de regidores (no tiene razón alguna que, en Tula, por ejemplo, haya más de 20 integrantes del Cabildo). Y en cuanto a los diputados federales, que de 500 baje a 300, parece una propuesta interesante. Lo que no suena lógico es que ahora los llamados representantes populares serán más bien representantes de partido y no de un distrito.
Y hay algo que me parece también fundamental en esta pretendida reforma electoral: estamos a menos de un año de que se inicie formalmente el proceso electoral de 2024, que comienza en septiembre próximo. Luego entonces, desmantelar una institución pública e independiente que se ha ido construyendo a lo largo de muchos años me parece una verdadera aberración.
La historia moderna en material electoral en nuestro país nace en la Constitución de 1917 al instituir la Junta Empadronadora. En 1946 se promulga la Ley Federal Electoral encabezada por el secretario de Gobernación y otros miembros del gabinete. La evolución siguió y en 1951 se aprobaron una serie de reformas a la ley electoral, para que en 1973 se aprobara la creación de la Comisión Federal Electoral y en 1977 nació la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales; hubo después varias reformas, hasta llegar a 1990 cuando nació el IFE.
Pero hoy la historia es la que vivimos día a día. No sabemos cuál será la posterior actitud del partido en el gobierno, pero por ahora a AMLO se le hicieron pocos los asistentes a la marcha en defensa del INE, y dijo que “fue un striptease del conservadurismo”.
Por hoy es todo. Nos leemos en la próxima entrega, pero… Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
