De principio a fin, el proceso y la campaña del entonces candidato del Partido del Trabajo al ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, Carlos César Pérez Escamilla, estuvo plagada de irregularidades, zozobra, de tintes de violencia, movilización de gente y falsificación de documentos, entre otras cosas. De tal manera que la Contraloría estatal decidió inhabilitarlo por 30 meses por diversos motivos que hoy lo tienen ante la posibilidad de no tomar protesta como alcalde, pero, fiel a su estilo, empieza a generar inestabilidad en el municipio huasteco y en las redes sociales.
Más allá de los resultados electorales y las irregularidades que fueron registradas y que señalaban directamente a este personaje, el hecho de que no pueda tomar protesta como alcalde de San Felipe es producto de sus decisiones porque, como todo lo que lo rodea, está manchado de un entorno asociado a prácticas subversivas y siempre vulnerando la ley de una u otra manera.
De entrada, abandonó sus funciones de regidor sin causa justificada, demostrando el completo desinterés y falta de compromiso con su pueblo; de igual forma, no presentó sus declaraciones patrimoniales, lo que significa un serio problema, sobre todo para quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular; pero además falsificó la firma del secretario municipal y el sello oficial que se coloca en las constancias de radicación.
Estas omisiones no son cosa menor porque terminarán por ser la diferencia entre sentarse en la silla presidencial o no, y dejan entrever la manera sistemática de cómo le gusta hacer las cosas al Dr. Escamilla, porque además, de forma paralela y como lo hizo durante su campaña, desplegó un activismo en redes sociales para intentar genera un ambiente hostil e intimidatorio, es decir, cuando algo no sale a su favor hace berrinche y contraataca, pero su limitada operación únicamente le alcanza para manifestar su enojo en las redes.
Este personaje impulsó y pidió a la justicia federal un amparo para evitar ser inhabilitado; sin embargo, le dieron palo en la sentencia y le dicen que no le pueden otorgar protección, es decir, no le concedieron el amparo por no poder sustentar sus dichos y, es más, ni una sola prueba pudo alegar ni defender en su favor, por lo que la inhabilitación sigue más firme que nunca.
Carlos César sabe que está complicada su situación jurídica y administrativa y por esa razón ahora busca agarrarse de lo que puede para buscar alguna triquiñuela que le permita llegar al ayuntamiento. Prueba de ello es que ha orquestado una especie de guerra sucia en contra del gobierno estatal y en particular del jefe del Ejecutivo, ya que a cada publicación en las cuentas de redes sociales del mandatario estatal, de inmediato aparecen perfiles para hacer referencias desfavorables en contra del jefe político del estado.
De sus propios actos, este personaje no puede señalar a nadie, de su manera de conducirse y de sus propias decisiones no puede buscar culpables, son sus propios actos los que lo tienen contra las cuerdas y muy seguramente se quedará con las ganas de sentarse en la silla que ha anhelado por muchos años. Parece que a pesar de la fama con la que cuenta en su municipio no la ha sabido capitalizar con acciones propositivas y por el contrario, fiel a su estilo, lo que mejor sabe hacer es guerra sucia y malas prácticas al margen de la ley.
Todo parece indicar que el doctor Escamilla se encuentra en terapia intensiva política y difícilmente saldrá bien librado.
EL CONSPIRADOR
