Una de las zonas de deterioro legal que se manifiesta dentro de la reforma al Poder Judicial es la corrupción de las estructuras burocráticas encargadas de la impartición y procuración de justicia que sigue imperando y los casos en que la ciudadanía ve afectados sus intereses y exige repensar la estatura política y estratégica en defensa de la sociedad en México.
El Congreso de Hidalgo, que lidera Andrés Velázquez Vázquez, ha propuesto la reforma al artículo 322 del Código Penal para proceder en contra de servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia cuando cometan actos de corrupción u omisiones en situaciones dolosas que de manera directa están involucradas en la administración de estos procesos como lo encarnan los ministerios públicos.
Esta iniciativa se presenta en el marco de una reestructuración a la procuración e impartición de justicia que iniciara como caballo de batalla el gobernador Julio Menchaca y que se consolidara en el primer año de su gestión a través de Santiago Nieto, cuyo epicentro de probidad y moralización pública destapó la cloaca de la Estafa Siniestra y las redes de corrupción de negocios privados con fachada pública y de malversación y peculado que tienen y mantienen en un constante panóptico a los servidores públicos.
Las historias de corrupción en los encargos directamente involucrados en la procuración e impartición de justicia son incontables y narran historias que han infringido una herida y dolor a millones de ciudadanos en el país que no ha podido ser subsanada por los cambios e implementación de nuevas tecnologías que eviten discrecionalidad de los servidores públicos, así como la revisión exhaustiva de los criterios jurídicos que se aplican en los procedimientos legales.
La ecuación del poder de la corrupción es lineal: discrecionalidad y criterio legal.
La evolución de la reforma al Poder Judicial y su estructura burocrática-administrativa se inserta en las lógicas de las experiencias fallidas de la ciudadanía que por décadas ha sido vulnerada por la corrupción e inequidad en la aplicación de criterios legales, lo que impele la creación de un nuevo paradigma en la procuración, impartición y administración de justicia acorde a estándares internacionales que readecúe y regule la actuación de servidores públicos que toman las decisiones en la materia. La complejidad que reviste la discrecionalidad y el criterio legal es el epicentro que debe ser atendido para implementar mayores formas de control de los procesos legales que habitualmente son atendidos por ministerios públicos, pero también en el contacto directo que suele tener la ciudadanía con la policía.
Todo indica que en el Estado Democrático de Derecho la ciudadanía debe tener el poder de exponer los casos de corrupción y exigir una visoria clara de la procuración e impartición de justicia de los agentes encargados de su administración, esto es contundente y necesario.
Los límites de la corrupción y su control efectivo estriban en lograr una frontera entre el poder-autonomía del servidor público y la claridad de su actuación desde la perspectiva democrática que exige transitar desde la construcción a la deconstrucción de un proceso o procedimiento legal, en donde existan mayores mecanismos de inconformidad legal para la ciudadanía y mayores instrumentos de escrutinio legal como lo implican los casos de la Visitaduría Judicial de Hidalgo que debe atender de manera expedita y eficiente la actuación protocolaria de los casos en cuestión.
La actuación de la Visitaduría General de la Procuración de Justicia de Hidalgo ha estado en el ojo del huracán por la denuncia ciudadana que exige una actuación institucional de mayores alcances, pero se ha encontrado no sólo con obstrucción en las resoluciones, sino también con delaciones y anomalías que exigen ser subsanadas para atender el cumplimiento de las obligaciones de las y los agentes del Ministerio Público y que demandan de su titular, David Reyes Santamaría, atingencia y mayor probidad y transparencia pública.
Devolverle el poder público a la ciudadanía en la actuación de las y los agentes del Ministerio Público es el primer paso de la democratización de la justicia cotidiana y el límite de la corrupción en Hidalgo.
