Diputados de Hidalgo aprueban reformas para la extinción de dominio

Ayer se llevó a cabo la primera y única sesión extraordinaria de la diputación permanente, en la cual el aforo de diputados locales fue mayor que en la sesión desarrollada por la mañana. Cabe resaltar que la Mesa Directiva estuvo integrada por los presidentes de las bancadas, al igual que las suplencias, es encabezada por el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, quien pareció “bendito en la equidad” con Jajaira Aceves Calva, María Luisa Pérez Perusquía y Areli Rubí Miranda Ayala como sus compañeras de mesa.

Fue la voz del priista Julio Valera Piedras quien dio lectura a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Relató que la propuesta fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, nombrando a las y los diputados que la conforman.

Valera Piedras relató dentro de los antecedentes:

1. 30 de marzo de 2017, el diputado panista, José Hernández Cortés, propuso la reforma al artículo 22,
2. 28 de abril de 2017, la Cámara de la Unión aprobó el dictamen con proyecto de decreto del artículo en cuestión,
3. 16 de mayo de 2017, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta en la que se reforma el segundo párrafo al artículo 22,
4. 15 de noviembre de 2018, el Senado aprobó la reforma al artículo 22 y fracción 30 del artículo 73 de la Constitución,
5. 18 de diciembre de 2018, la Cámara de diputados aprobó la minuta proyecto con las reformas al artículo 22 y fracción 30 del artículo 73,
6. 30 de enero de 2019, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la minuta.

Entre los considerandos destacó que con base al artículo 135 de la Constitución que determina los requisitos legales para una reforma constitucional, en la que se pide voto a congresos locales, además, expresó la convicción de la comisión por pugnar por el fortalecimiento de instituciones y acciones para el desarrollo del país por lo que coinciden con el legislativo federal.

La reforma consiste en que la extinción de dominio no es una confiscación siempre y cuando la aplicación de bienes de una persona sea decretada para el pago de multas, impuestos, y cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de comisión de un delito. Establece que no es decomiso aquella confiscación realizada por la autoridad cuando servidores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al estado, es decir, en los casos de enriquecimiento ilícito. En los procedimientos en materia civil se solicitará extinción de dominio cuando procedencia legítima no pueda comprobarse.

Esto como parte del combate inteligente al crimen organizado y hechos de corrupción, por lo que se fortalecen con dicha reforma los mecanismos institucionales, razones por las que decidieron votar a favor.

A lo que siguieron las participaciones en pro de los legisladores que así lo decidieron, es decir, no abonaron al tema pero se ganaron reflectores unos minutos. El primero fue Miguel Peña Flores, quien argumentó sobre consensos en las esferas políticas, como un sarcasmo emana de un instituto político que no se ha caracterizado por los acuerdos al interior.

La segunda en la palabra fue María Luisa Pérez Perusquía, también se enfocó en la suma de voluntades y consensos, lo cual también parece poco creíble en quien buscaba imponerse como Presidenta de la Junta de Gobierno y de los boletines de prensa, habló del combate a la delincuencia pero jamás ha emitido alguna postura sobre los delitos que ocurren en el Valle del Mezquital, región de la que es procedente. Para luego realizar una larga explicación de lo planteado antes por Valera Piedras.

En un tercer momento fue Asael Hernández Cerón quien tomó la palabra para referirse, también, a los consensos políticos, reiteró la postura crítica del albiazul pero en esta ocasión refrendan la necesidad de las reformas en materia de extinción de dominio para lograr el beneficio de los mexicanos.

Ante la participación de otros jefes de bancada no podía faltar la intervención de Ricardo Baptista González quien intentó defender a toda costa que dicha reforma que en su apreciación no es violatoria ni pone en peligro los derechos de los imputados, a pesar de ello continúa siendo una medida polémica en un país en que tan solo el comercio informal reina en toda la geografía, que los procesos judiciales carecen de confianza y cuentan con sus propios monstruos de corrupción y que, los delincuentes, generalmente, dan vuelta a las figuras jurídicas por los endebles ejecutores del Poder Judicial.

Como era de esperarse la votación fue unánime, sin discusión ni oposiciones en el recinto, parece cada vez más una hegemonía que aprueba sin chistar. Y, fin, declaratoria de cierre.