No es nueva la ambición de los legisladores de poder contar con instituciones y cuerpos colegidos neutrales, pero tampoco su tentación a apoderarse de ellas.
En 1998 la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión abrió una convocatoria para crear el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), con lo que pretendía contar con una instancia equiparable a la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos; sin embargo, quienes se presentaron al concurso eran apadrinados por diferentes partidos políticos y quien no tenía padrino neutral, poco duró en el puesto que se ganaba por concurso de oposición abierto. Por ejemplo, el primer director general del CEFP, Víctor Ampudia, quien luego fue removido por los diputados, tenía el apoyo de la Liga de Economistas Revolucionarios del PRI.
La llegada de la LVIII Legislatura y los vacíos de poder hicieron que el CEFP, dirigido por Roberto Michel Padilla (apoyado por Ifigenia Martínez del PRD), se convirtiera en el espacio de apoyo a su cuñado, el diputado Jorge Alejando Chávez Presa y sus amigos;, otorgándole la facilidad de incorporar al CEFP a sus amigos y con ello fracturando los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Cámara para el ingreso al Centro de Estudios. Después, el CEFP ha seguido los vaivenes de quienes controlan la Cámara.
Ahora, en medio de la reforma del sistema de impartición de justicia y la lucha contra la corrupción, la creación de instituciones que realicen un trabajo neutral frente a la clase política nacional como el Instituto Nacional Electoral (INE), el INAI, la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, se ha convertido en un reto para los legisladores, quienes han tenido que ceder frente a los intereses generales de la nación, no sin antes buscar la manera de posicionar sus cuadros al frente de esas instituciones, desechando optar por el concurso de oposición abierto para designar a los responsables de esas instancias, lo que ha postergado los nombramientos de sus titulares.
Sin embargo, en pleno proceso electoral se ha desatado una tormenta en el Senado. La inclusión de Ximena Puente de la Mora, actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la lista de candidatos a diputados y diputadas plurinominales por el PRI, ha abierto la polémica sobre la neutralidad política de muchos servidores públicos que ocupan puestos de dirección en instituciones que aspiran a jugar el papel de neutralidad frente a los partidos políticos.
El caso de Ximena Puente de la Mora no sólo ha suscitado polémica en el Senado por haber olvidado poner la fecha de su renuncia al cargo, sino que ha despertado las críticas de todos los partidos, quienes la han acusado de priista “camuflada”, “encubierta” para proteger los intereses del partido que la ha postulado como diputada, pero también ha abierto un airado debate en el seno del Consejo Consultivo del INAI, nombrado por el Senado de la República, cuyos miembros son exclusivamente honoríficos.
El Consejo del INAI, conformado por Rafael Martínez Puón, José Agustín Pineda Ventura, José Mario de la Garza Marroquín, Diana Cristal González Obregón, Denise Guillén Lara, María Solange Maqueo Ramírez, Fernando Nieto Morales, Khemvirg Puente Martínez, Sofía Gómez Ruano y Víctor Samuel Peña Mancilla, también ha entrado en el debate del caso Puente, cuestionando su papel al frente del INAI y su decisión de postularse como candidata del PRI a una diputación plurinominal.
Como siempre sucede, algunos consejeros del INAI han perdido las formas y tratado de aprovechar la coyuntura. Entre los miembros del Consejo del INAI se ha producido un intercambio de palabras airadas, tratando de buscar un consenso para condenar a Ximena Puente, a quien hasta hace poco le sonreían y rendían pleitesía los consejeros. En este hecho, ha trascendido el descuerdo de Diana Cristal González Obregón con la posición asumida por algunos consejeros, quien se ha negado a condenar la posición de Puente, manteniendo su integridad y neutralidad frente a los hechos.
Hay que considerar que los consejeros fueron elegidos por los senadores y su participación en el Consejo del INAI es honorífico. Los consejeros fueron escogidos por la Cámara de Senadores para apoyar los trabajos del INAI y Diana Cristal González Obregón, de manera desinteresada, ha venido apoyándolos; a la vez, no ha dejado de trabajar en los temas de transparencia, anticorrupción y en el nuevo sistema de justicia penal, del cual ella es uno de los pilares teóricos del mismo.
Si bien el caso Puente ha mostrado la falta de ética y neutralidad política de los ciudadanos notables, frente a los intereses de los partidos políticos y el poder; Diana Cristal González Obregón, descendente de la familia del general Álvaro Obregón, ha mostrado su integridad dentro del debate surgido en el seno del Consejo del INAI; ella es una joven intelectual que lleva más de 10 años trabajando por mejorar el proceso de impartición de justicia en nuestro país, asesorando a gobernadores, procuradores, presidentes de tribunales que ha trabajado en la redacción del nuevo código de justicia penal y otras leyes, sin dejar de lado su arduo trabajo de académico en la investigación, la docencia, la capacitación y difusión.
Con su postura al interior del Consejo del INAI, Cristal González Obregón ha mostrado que está hecha de una sola pieza y está preparada para servir a México. Si en los próximos meses se decide nombrar a los responsables de las instituciones como el INAI, la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía de la República, llamadas a tener al frente ciudadanos neutrales, González Obregón deberá estar entre ellos.
González es una mujer que ha trabajado para empoderar a la mujer en nuestro país y con pasión por México, ella ha trabajado para impulsar un sistema de justicia penal acusatorio donde no haya impunidad y exista respeto a los derechos de victimas e implicados; además, trabajó en el proyecto de blindaje en la PGR, coordinó mesas de trabajo en el Senado para redactar las leyes del nuevo sistema de justicia penal y mientras gestaba su hija en su vientre, contribuía a la elaboración de las nuevas leyes que requiere el país, de tal manera que es una mujer ejemplar que puede aportar mucho a México en materia de Transparencia, Anticorrupción y Justicia Penal, algo que la clase política y los ciudadanos deberían considerar.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
