La Policía Industrial Bancaria de Hidalgo (PIBEH) debe aclarar a la Auditoría Superior del Estado (ASEH) el destino de 16 millones 104 mil 795.70 pesos. Entre las observaciones se encuentran un adeudo que ha llevado a un juicio, un pago excedente por más de 8 millones de pesos, y un supuesto gasto en alimentos para el personal que participó en el desfile del 16 de septiembre, que nunca recibieron.
Una de las cantidades más altas que debe aclarar la instancia a cargo de Francisco Martínez Gómez es de 8 millones 431 mil 556.64 pesos, correspondiente a un pago excedente a un proveedor por dos contratos de prestación de servicios: PIBEH-AD-22-2023, de fecha 4 de enero de 2023, y PIBEH-AD-51-2023, de fecha 1 de mayo de 2023.
La ASEH también detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2023 presentaba un saldo de un deudor, es decir, alguien que contrató sus servicios y no pagó, por 6 millones 479 mil 887.60 pesos. De esta cantidad, 3 millones 492 mil 412.74 pesos correspondían al ejercicio fiscal 2022 y 2 millones 987 mil 474.86 pesos al ejercicio fiscal 2023.
Según la Auditoría, el ente tiene un cobro pendiente y actualmente enfrenta un juicio ordinario civil, fechado en mayo de 2023, para la recuperación de esos recursos. A pesar del adeudo del año anterior, la PIBEH continuó proporcionando servicios durante el ejercicio fiscal en cuestión.
Otro de los señalamientos del ente fiscalizador es un reporte de gasto de 125 mil pesos en alimentación, supuestamente para los ensayos del desfile del 16 de septiembre y la ceremonia del Día de la Independencia. Sin embargo, cuando el personal del organismo fiscalizador preguntó a los policías, estos comentaron que no recordaban haber participado en dichos eventos ni haber recibido alimentos.
Otro gasto observado es de 855 mil 453.46 pesos por la supuesta eliminación de 332 bienes propiedad de la PIBEH. Se informó que su destino final fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la campaña “Reciclando Transformamos Hidalgo”, pero no se presentaron documentos de entrega-recepción, por lo que no existe evidencia de su localización física.
Otras irregularidades detectadas incluyen la entrega de vales y despensas, financiada con una partida que no era para ese fin. Además, no se presentó documentación ante la Secretaría de Defensa Nacional para dar de baja armas de fuego, ni se proporcionó el comprobante del Servicio de Administración Tributaria.
