La Secretaría Contraloría del Gobierno de Hidalgo, liderada por Álvaro Bardales, intensifica la supervisión en centros educativos, institutos y universidades con el objetivo de asegurar la adecuada utilización de los recursos destinados a este sector. Esta labor es crucial para mantener la transparencia y eficiencia, además de garantizar la rendición de cuentas.
Recientemente la Coordinación de Contralores y Comisarios llevó a cabo supervisiones simultáneas en un total de 29 centros educativos: cinco instituciones, cinco centros de subsistemas de educación media superior, dos universidades estatales, tres institutos tecnológicos, seis universidades politécnicas y ocho universidades tecnológicas del estado.
Durante estas revisiones exhaustivas se verificaron un total de 445 unidades vehiculares pertenecientes a las instituciones educativas. Los resultados de estas inspecciones revelaron diversas irregularidades en el manejo y estado de los vehículos utilizados.
En concreto, se identificaron 77 observaciones, de las cuales el 21 por ciento correspondían a unidades sin bitácora de recorrido o con bitácoras incompletas y erróneas, el 14 por ciento carecían de verificación vehicular, el 13 por ciento no contaban con mantenimiento adecuado, el 12 por ciento presentaban algún tipo de daño, y el 10 por ciento estaban fuera de uso o no contaban con placas vigentes.
El restante 20 por ciento de las observaciones se distribuyó entre vehículos sin pólizas de seguro, unidades con reporte de robo o siniestradas, sin equipos de seguridad adecuados, resguardos incorrectos, falta de títulos de propiedad, ausencia de logotipos institucionales y ausencia de contratos de comodato.
Ante estas irregularidades, la Secretaría de Contraloría notificó a los rectores y titulares de las instituciones educativas que tuvieron inconsistencias para que, en un plazo máximo de 15 días, procedan a subsanarlas.
Este requerimiento debe ser atendido por los responsables de las áreas administrativas o del parque vehicular, según corresponda. De no cumplirse con las correcciones necesarias en el tiempo estipulado se iniciará un proceso administrativo que podría derivar en responsabilidades para aquellos funcionarios que hayan omitido sus obligaciones.
El contralor estatal, Álvaro Bardales, señaló la importancia de estas acciones como medidas preventivas contra la malversación de fondos, para la erradicación de prácticas perjudiciales que puedan afectar tanto al sistema educativo como a la sociedad en general.
