El secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, desmintió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya observado 407 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en la cuenta pública 2023, como fue difundido recientemente por algunos medios nacionales.
Explicó que lo que se remitió al estado fueron pliegos de aclaración, no observaciones formales. “La federación determina dos resultados siempre que revisa una cuenta pública: uno consistente en un pliego de observaciones y otro que se refiere a las solicitudes de aclaración, y los remitidos a Hidalgo fueron todos pliegos de aclaración”, detalló.
Señaló que la información difundida fue incorrecta, ya que del monto señalado, sólo un millón 600 mil pesos correspondía al sector salud. Esto debido a una modificación en el tabulador de sueldos por honorarios que requería autorización de la Federación. “Cuando se hizo la fiscalización no fue exhibido este documento, pero ya fue entregado, por lo que confío en que en el rubro de salud no habrá ni una sola observación”, puntualizó.
Bardales Ramírez indicó que únicamente 40 millones de pesos están en riesgo de ser devueltos, lo que podría derivar en procedimientos de responsabilidad. Estos recursos fueron ejercidos en dos rubros: por un lado, universidades que modificaron salarios sin autorización previa; y por otro, municipios que entregaron cemento a núcleos vecinales sin la documentación adecuada.
“No puede haber de que se le pague a un trabajador una cantidad sin que la federación lo haya aprobado, y en los cuatro casos de las universidades se prestó eso, pero ahí no había un documento que justificara el movimiento de salarios, ya se presentó la aclaración y estamos en espera, pero pensamos que esas observaciones sí dan inicio a un procedimiento de responsabilidades, de hecho uno de los rectores ya no está en funciones, también motivado por esta situación”, expresó.
Sobre los municipios, precisó que no se recabó la documentación que acredita las obras. “Se les autorizó entregar cemento a núcleos vecinales para hacer caminos rurales, pero no se recabó la documentación y el soporte correspondiente, pues deben contar con la lista de vecinos, la obra determinada, la aclaración de la obra”, detalló.
Finalmente, subrayó que los recursos en riesgo representan una mínima fracción del total fiscalizado. “Estos más de 40 millones corresponden a una milésima parte del recurso fiscalizado, pues fueron 40 mil millones de pesos los que se sometieron a revisión”, concluyó.
