Descarta Menchaca persecución política en contra de diputado del PT

El gobernador aseguró se actuó en el marco de la ley.

El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, se refirió a la aprehensión del diputado Edgar H.D., ocurrida la semana pasada, y desmintió lo dicho por el líder del Partido del Trabajo en la entidad, Javier Vázquez Calixto, quien acusó una persecución política.
En este sentido, el mandatario afirmó que, quien haga una afirmación de esta categoría, debe probarla, y calificó como lamentables estas declaraciones, pues indicó que el asunto está en manos de la Procuraduría de Justicia estatal, que actuó tras una denuncia anónima en un marco de legalidad.
Destacó que como gobernador está obligado a garantizar que se aplique la ley y trabajar para la seguridad de las y los hidalguenses. Igualmente, negó que este tema afecte la relación con el Partido del Trabajo con miras a las próximas elecciones ya que, dijo, esto va más allá de las personas y es incluso una relación sustentada a nivel nacional.
Recordó que personas que militan en Morena han estado sujetas a procesos, de ahí que precisó que se trata de una advertencia para quienes trabajan en la administración pública, ya que en caso de incumplir o cometer algún error de este este tipo deberán asumir las consecuencias.
Reafirmó que aquellas personas que hayan utilizado de manera incorrecta los recursos públicos estarán en la mira de la Contraloría estatal y de la Procuraduría, ya que el deber es luchar en contra de la impunidad y la consigna es recuperar para el pueblo lo robado.
Con respecto a las posibles movilizaciones por parte de los pobladores de Ixmiquilpan en apoyo a legislador, el gobernador se dijo respetuoso de cada una de las expresiones, siempre y cuando no alteren el orden público, y se dijo convencido del derecho de movilizarse de todas las personas.
Finalmente fue enfático al señalar que se trata de una situación excepcional y no se está interfiriendo en las actividades del Poder Legislativo ni del Judicial, se trata de una persona que no representa necesariamente a todos los integrantes del Congreso local y debe responder por sus actos.