En días pasados, quedó consumada la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional con la que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de lo cual, se dijo, las funciones de este instituto autónomo serán reasignadas a alguna dependencia del Poder Ejecutivo.
La desaparición de este instituto autónomo ha generado un intenso debate, ya que el análisis se centra en reflexionar sobre sus implicaciones, ventajas, desventajas y el impacto en la democracia y los derechos ciudadanos.
El INAI ha sido una institución clave en la vida pública mexicana, promoviendo la transparencia gubernamental, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Su eliminación plantea preguntas sobre el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y la defensa de los derechos ciudadanos frente al poder público.
La iniciativa que dio paso a la desaparición de este organismo podría justificarse con argumentos relacionados con la austeridad o de simplificación administrativa, pero también se generan sospechas de retroceso en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, pilares fundamentales de una democracia en el mundo.
Es evidente que desde el púlpito presidencial se ha cacareado insistentemente que la desaparición del INAI se basa en críticas al desempeño del instituto, en un supuesto esfuerzo por reducir gastos y mejorar la eficiencia administrativa, además de que se ha señalado que las funciones del INAI podrían ser absorbidas por otra institución del gobierno federal, y desde donde se tendría el control económico de la operatividad.
Sin embargo, como en todos los proyectos de buen calado, existen serias dudas si la desaparición de este organismo obedece fundamentalmente a ocultar información de un gobierno que ha prometido desde que sentó sus hierros en el poder, de ser diferente, de caminar en un sentido contrario a los gobiernos anteriores.
Sin duda, es un asunto de interpretación según con la óptica con que se mire, porque seguramente existe el pretexto ideal para argumentar fuga de dinero en un instituto que en teoría fue concebido para transparentar información pública y que no haya duda de los gastos que se generan con recursos públicos.
Pero por otro lado, existe la sospecha de que esta decisión es parte de una estrategia para encubrir los cuestionamientos a los que ha sido sujeto el gobierno federal sobre los temas relacionados a la rendición de cuentas, y es que cada vez es más fácil tener acceso a los jugosos contratos y a la información que en teoría tendría que ser pública.
El tiempo dará la razón a quien la tenga, porque aunque hay información periodística que refiere que es un pretexto para ocultar prebendas y canonjías, por otro lado, será importante saber en qué condiciones se dará a conocer información pública que legitime a los gobiernos de todos los órdenes.
