La jueza Areli Sánchez Lazcano, candidata al mismo cargo, pero a nivel federal (jueza de distrito) en materia penal en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, fue denunciada por “notoria ineptitud” debido a presuntas irregularidades en el caso de un homicidio en grado de tentativa. La denuncia fue interpuesta por la defensa de Joel N., quien está vinculado al caso.
Según Sissi Anette Rodríguez Fernández, abogada de Joel N., durante las indagatorias, la Policía de Investigación recabó dos pruebas que, para ser válidas, debían ser ratificadas dentro de un plazo de cinco días hábiles, lo cual no ocurrió.
Se trata de un video en unas oficinas y la inspección de un vehículo. Además, obtuvieron un video en un taller mecánico, pero no en el área pública, sino en las oficinas, que son un lugar privado. “La ley señala que aún cuando hayan entrado con autorización, como fue el caso del dueño del taller, debe ratificarse ese consentimiento en los siguientes 5 días hábiles”, agregó.
La segunda prueba involucró la inspección de un vehículo en el domicilio de la víctima, donde la Policía alegó que la esposa de la víctima otorgó el consentimiento. Sin embargo, según la defensa, no existe ningún registro de entrevista que confirme este consentimiento.
“No estoy diciendo que entraron por la fuerza, lo que estoy diciendo es que no se respetaron formalidades esenciales del procedimiento”, mencionó Rodríguez Fernández en entrevista.
La abogada citó un fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Amparo en revisión 2880/2020), que establece que, en ausencia de la ratificación del consentimiento ante un juez en el plazo estipulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, las pruebas obtenidas en esas circunstancias son nulas.
En la audiencia de este jueves 3 de abril, la defensa solicitó que la jueza Areli Sánchez Lazcano se excusara del caso y presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, perteneciente al Consejo de la Judicatura.
“La ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo trae una serie de acciones en que pueden incurrir los servidores y servidoras públicos y uno de ellos es la ‘notoria ineptitud’. Desde el punto de vista del cliente, una de las razones puede ser precisamente por violentar el principio de legalidad”, dijo.
El caso involucra a Joel N. y su hermano, quienes están acusados de disparar contra un hombre el 3 de mayo de 2024 afuera del bar «El Taller», ubicado en la antigua carretera México-Pachuca, en el municipio de Pachuca.
