Eduardo Trejo Lino, asesor jurídico de San Agustín Tlaxiaca, informó que el año pasado esta alcaldía inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ya que, durante la administración anterior, encabezada por Alma Dalila López Santiago, fueron adquiridas 2 mil 729 lámparas a sobreprecio de más del 600 por ciento.
De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario municipal, el contrato fue firmado el 8 de mayo de 2017, con la aprobación unánime de los integrantes de la asamblea y el visto bueno del Congreso local.
El acuerdo también se refería a la prestación del servicio, es decir, que no únicamente se adquirirían las lámparas, sino que se les debía dar atención e, incluso, reemplazarlas en caso de descompostura.
El monto de dicho contrato fue de 46 millones 568 mil 267 pesos, por lo que cada lámpara tuvo un importe de 17 mil 064 pesos. Sin embargo, el abogado detalló que se comparó el precio que otorgó la empresa Alpe Alumbrado público S.A. de C.V., con el costo de tiendas regulares, y se hallaron lámparas del mismo modelo y con las mismas características a tan solo 600 y mil pesos.
A su vez, precisó que la deuda adquirida deberá pagarse a 12 años, por lo que actualmente, y gracias a que se constituyó un fideicomiso de garantía para su cobro, le son descontados al ayuntamiento de manera automática alrededor de 300 mil pesos mensuales del Fondo de Aportaciones Municipales.
Por dicha acción se estima un daño patrimonial de 40 millones de pesos y agregó que en su momento se argumentó la necesidad de cambiar estas luminarias, ya que esto traería consigo un importante ahorro en el gasto de la energía eléctrica. Sin embargo, Trejo Lino informó que se mantiene el pago de 18 millones de pesos anuales por concepto de alumbrado público, tal y como sucedía en años anteriores.
Cabe destacar que para celebrar una transacción de esta naturaleza se requiere la aprobación de la Secretaría de Hacienda estatal, anteriormente de Finanzas. Asimismo, se tiene que realizar un análisis del costo-beneficio; sin embargo, este documento, que fue la base para celebrar dicho contrato, no cumple con esos requisitos y ni siquiera está firmado, aseguró el funcionario.
