La cruzada nacional contra la corrupción y la malversación pública instaurada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum siguen tomando matices de dramatismo en un país donde la clase política por décadas actuó como juez y parte en defensa de las élites económicas y políticas de la nación.
Hidalgo, cuna del rancio bastión priista, hoy se encuentra en el ojo del huracán por los capítulos de la Estafa Siniestra, que es una telenovela pública que no parece tener final y que ha destapado otra cloaca desde la Auditoría Superior del Estado (ASEH), que se encuentra revisando irregularidades de 200 trabajadores registrados de manera anómala en la administración del exalcalde Sergio Baños en Pachuca.
La pregunta de forma y fondo que la ciudadanía se hace en Hidalgo estriba: ¿en dónde inició la malversación pública en los gobiernos del antiguo régimen? y, ¿dónde habrá de concluir?, ello, debido a que la podredumbre de esta cloaca de corrupción e impunidad asemeja a un pozo sin fondo.
La gestión del gobernador Julio Menchaca se ha caracterizado tanto por su proximidad ciudadana como por el combate a la corrupción e impunidad, que desde las pesquisas de la Estafa Siniestra ha dado lugar a un saneamiento y orden de la administración pública en Hidalgo. Empero, en el caso de la malversación pública, aún los logros son insuficientes para equilibrar las pérdidas del erario y, lo que es todavía mayor, para recuperar la credibilidad social y restituir la probidad pública.
No hay que ser pitonisa para plantear con estupor el hecho de que la corrupción exige instaurar una cultura estratégica contra la malversación pública. Ello demanda controlar y evitar la discrecionalidad entre las entrevistas y actuaciones de servidores públicos con la ciudadanía, la cual, por cierto, no puede ser cómplice de la burocracia y hacer de la cultura de la denuncia el común denominador de su participación en la esfera pública.
La instauración del Estado Digital es una de las herramientas contra la malversación pública que debe ir tomando mayores radios de acción, porque el control cibernético inhibe con sus protocolos, actos de corrupción e impunidad y crea condiciones de transparencia pública.
Invariablemente, los protocolos de ética pública deberán incrementarse y los arqueos patrimoniales de los servidores públicos deberán ser ineludibles para garantizar el sano desarrollo de su gestión.
La cultura estratégica contra la malversación pública inicia como condición sistémica. En la medida que desde las estructuras reales del Estado como la familia y sociedad se empoderan conductas anticorrupción, se afianzan de raíz las condiciones de colaboración y equidad social, funciones básicas de horizontalidad y reciprocidad ciudadana.
Habitualmente, las sociedades que tienen raíces culturales contra la corrupción en cualquier esfera suelen ser mucho más empáticas y pacíficas, logrando armonizar las relaciones sociales porque miran de igual a igual a sus congéneres y conciudadanos; condición a la inversa que sucede con los actos de corrupción, donde el que pretende corromper aprovecha la carencia y debilidad del que corrompe porque no lo percibe en igualdad ni equidad de circunstancias sociales, y se aprovecha de una condición o cadena de poder como suele suceder en la malversación pública donde el servidor se sirve del ciudadano.
Es definitivo, debemos dar el salto cualitativo a una sociedad en equidad, donde los seres humanos nos miremos de manera horizontal, donde el ejercicio de nuestra ciudadanía sea de igual a igual en derechos y responsabilidades, esa es la cultura de dignidad que se vuelve estrategia contra la malversación pública y social.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
