En los últimos ocho años, los daños provocados a terrenos en Hidalgo por el derrame de hidrocarburo producto de tomas clandestinas superó las 20.07 hectáreas, mismas que para ser reparadas requieren de una inversión de 348.6 millones de pesos (mdp).
De acuerdo con el estudio “El robo de hidrocarburos en ductos. Un delito enemigo del medio ambiente”, realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), recuperar una hectárea dañada por derrame de combustible cuesta en promedio 17.38 mdp a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según la información del organismo, de 2012 a 2019 la superficie identificada con derrame de hidrocarburo de ductos fue de 276.90 hectáreas en todo el país, por lo que su reparación promedio asciende a 4 mil 812.5 mdp, monto que se concentra en al menos ocho de los estados más afectados.
Entre esas entidades se encuentra Hidalgo, donde en dicho periodo un total de 20.075083 hectáreas de terreno resultaron afectadas por los derrames de combustible, hechos que se dieron como mínimo en 447 tomas clandestinas de las 8 mil 88 localizadas en ese lapso.
Lo anterior, significa un estimado de 348.6 millones de pesos para su reparación, según los datos proporcionados por Pemex, Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), vía solicitudes de información.
En tanto, los sitios identificados con derrame de hidrocarburo en territorio hidalguense se ubicaron al sur de la entidad, con un total de 33 registros cercanos a corrientes de agua intermitentes y aproximado cinco de manera directa en corriente de tipo perenne.
La mayor parte de los sitios donde se identificaron derrames fueron en terrenos con vocación de manejo agrícola y pecuario; mientras que un promedio de cuatro registros se ubicaron en matorral sarcocrasicaule, de acuerdo con el análisis.
Asimismo, los municipios identificados con más derrame de hidrocarburo por toma clandestina, y por tanto los más afectados en terrenos, fueron Atotonilco de Tula, Tepeji, Cuautepec, Ajacuba, Tula, Tlahuelilpan y Tezontepec de Aldama, entre otros.
Finalmente, el estudio agrega que Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz son los únicos que cuentan con procedimientos para dar seguimiento a los hechos ilícitos dentro de sus facultades. Sin embargo, apunta que esas acciones solo reconocen el trabajo y cadena de custodia que debe prevalecer en la zona y no el aviso a otras dependencias para dar seguimiento al daño que se genera en el ecosistema.
