Después de los hechos ocurridos en Mineral de la Reforma, donde Rosaura y dos familiares más fueron ultimados por Marco Antonio M.G., expolicía municipal de esa demarcación, existen muchas inquietudes de la ciudadanía por saber en manos de quiénes están y si realmente existe un verdadero trabajo de selección de elementos para conformar las corporaciones.
Como muchas veces ocurre, ya ahogado el niño se quiere tapar el pozo; sin embargo, estos lamentables acontecimientos deben servir de lección para poner la lupa en el proceso de selección y contratación de policías de todos los niveles; finalmente a la gente no le importa los asuntos del fuero, sólo quieren sentir la seguridad de que las autoridades hacen su trabajo.
Este problema tiene diversas aristas, pero particularmente hay una que tiene mayor peso, y es que el pretexto de los ayuntamientos lo han encontrado en la independencia constitucional para poder decidir como autoridades autónomas todo lo relacionado al gobierno municipal, incluido el tema de seguridad pública.
Por muchos años se ha trabajado con algunos ayuntamientos con el mando coordinado, es decir, que en materia de seguridad sea la Secretaría de Seguridad Pública Estatal quien decida la estrategia e, incluso, propone al director quien estará al frente de la corporación. Así es como funciona el mando coordinado, pero, aun con ello, sobre todo en los municipios que son oposición del gobierno estatal, se resisten a este mecanismo, asumiendo que puede haber gente infiltrada y es ahí donde puede detectarse un primer problema.
Sin duda, los asuntos de seguridad pública no tienen porqué politizarse. Una cosa es la grilla y otra cosa es la tragedia. Algo urgente se tiene que hacer para que se generen mejores condiciones de seguridad en todo el estado, dejando a un lado la ridícula paranoia de la política.
El caso es que, en esta trágica ecuación, aparece el Centro de Control y Confianza (C3), institución que en el gobierno de Miguel Osorio fue instaurada por disposiciones federales y que, como objetivo primordial, está la de aplicar exámenes incluido el polígrafo, a todas y todos quienes tengan la intención de integrarse a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Es un área de la que poco se sabe públicamente por la secrecía con la que integran los expedientes; sin embargo, en esta dependencia estatal existe gente altamente calificada y capacitada para poder aplicar exámenes de control y de esta forma emitir un dictamen sobre la viabilidad o no de alguna persona aspirante a ocupar un lugar de cualquier rango en las áreas de seguridad.
Los protocolos marcan ese camino, para poder ser parte de alguna corporación policiaca, pero, después, es donde viene la otra parte de la historia, ya que, una vez que el C3 entrega el dictamen a los alcaldes sobre los resultados de los exámenes de los aspirantes, la decisión final, apelando autonomía, es del ayuntamiento. El C3 sólo da a conocer si son aptos o no quienes aspiran a ocupar un espacio, pero finalmente quien decide correr el riesgo de contratar al margen del resultado es la o el alcalde en turno.
Si este tipo de omisión ocurre en uno de los municipios más importantes del estado, imaginemos lo que ocurre en lugares tan alejados de las miradas y los reflectores, donde seguramente ni siquiera se acercan a hacer exámenes y contratan por destajo.
Lo ocurrido en Azoyatla es una tragedia que no tendría que repetirse, más allá de los colores que gobiernen, más allá de la inexperiencia de la administración pública. Tendrán que poner todos los ojos quienes conforman las Policías Municipales, porque es muy probable que haya elementos con trastornos de la personalidad y psicopatías que seguramente todos los días amedrentan a sus víctimas.
