Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, se abordaron los disturbios registrados esta mañana en la planta cementera de Cruz Azul ubicada en la localidad de Jasso, municipio de Tula.
Se informó que, durante los hechos, fuerzas de seguridad detuvieron a 120 personas que intentaron tomar la planta armados con palos, machetes y una pistola. Estas enfrentan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa, entre otros delitos.
El coordinador general jurídico del Gobierno de Hidalgo, Raúl Serret Lara, destacó que, hasta el momento, no ha habido ninguna resolución judicial que favorezca a uno de los dos grupos que se disputan el control de los activos de la cooperativa.
El funcionario señaló que estos grupos antagónicos, que desde 2018 buscan imponer su dominio, están en conflicto por un patrimonio que incluye plantas industriales en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes y la planta de Jasso, además de hospitales, hoteles y hasta un club de futbol.
“El conflicto legal enfrenta a dos grupos antagónicos que buscan mantener el control de activos que oscilan en miles de millones de dólares. Ambos han optado por métodos autoritarios para imponer su voluntad, afectando a trabajadores que no se han alineado a sus intereses y violando derechos como la libertad de asociación”, afirmó Serret.
Salvador Cruz Neri, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, informó que además de las detenciones, fueron asegurados un camión con placas del estado de Oaxaca, una camioneta Cherokee con placas del Estado de México y un arma con nueve cartuchos útiles. Alrededor de las 6:00 horas se dio la alerta, lo que activó una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones municipales y estatales.
Aún no se ha determinado si los detenidos fueron contratados por uno de los bandos liderados por Francisco Sarabia o su antagónico, Víctor Velázquez, quienes han estado en disputa por el control de la cooperativa desde 2018. Ambos líderes se deslindaron de los hechos violentos. Las investigaciones continuarán para esclarecer si hay un tercer grupo involucrado en la toma de la planta.
Iram González Pérez, subprocurador de la Zona Poniente de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, mencionó que los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades y que aún no se ha confirmado si hubo menores de edad entre ellos. Los delitos que podrían imputarse son homicidio en grado de tentativa, despojo, amenazas, lesiones y probablemente delincuencia organizada.
