Mediante la aprobación de un paquete de iniciativas, el Congreso local busca acabar con aquellos funcionarios y servidores públicos que actualmente ocupan las dependencias pero que carecen del perfil, conocimientos o arrastran sentencias por violencia, pensiones alimentarias o inhabilitaciones.
Lo anterior fue producto de siete proyectos presentados en distintas sesiones y que fueron conjuntados por la primera comisión permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su debate en el pleno durante la 199 asamblea ordinaria.
En ellos, se estipuló además que el gobernador tendrá facultades para conducir políticas de igualdad, planear programas de acoso y hostigamiento; nombrar y remover a servidores y determinar la forma en que los titulares sean suplidos en sus ausencias pero observando el principio de paridad.
También fue hecha patente la obligación a las dependencias para que contraten a personas adultas mayores dentro de su plantilla cuando estos aún estén en condiciones y conforme a sus capacidades. Instruir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Arbitraje y Procuraduría del Trabajo mediante instituciones válidas.
No obstante, se establecen otras restricciones como: no ser ministro de culto ni haber sido sentenciado por delitos intencionales; no desempeñar otro puesto incompatible al que ejerce o ejercerá, no tener condenas por crímenes dolosos, acoso o abuso sexual; violencia de género o familiar.
El dictamen con los ajustes a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo fueron avalados con 26 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, por lo que el presidente de la mesa directiva en turno, Ricardo Raúl Baptista González, ordenó sea elaborado el decreto correspondiente para los demás trámites.
