Tras más de cinco horas de asamblea, el pleno del Congreso local resolvió el juicio político contra el alcalde de Calnali, Isaid Acosta Téllez, en el que determinó que sí incurrió en una falta al tomar el poder aun sabiéndose inhabilitado, por lo que el dictamen asentó que no podrá ejercer su cargo.
Lo anterior lo externó el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y también presidente de la mesa directiva en turno, Ricardo Raúl Baptista González, quien agregó que fue en seguimiento a las conclusiones que presentó la comisión instructora.
“El proceso del órgano fue cuidar todas las fases del transcurso instructor que fue atender todos los señalamientos y elementos que le hicieron llegar, además de que notificó a las partes para que hicieran sus alegatos”, expresó, al decir que el fallo demoró tres semanas y consideró que hubo un desacato a la suspensión de la Contraloría local.
Posteriormente, refirió que en la 197 asamblea ordinaria fue girada a la mesa directiva la resolución para su debate, por lo que ese día fue convocada una sesión secreta para el desahogo, de la cual, dijo, fue con ese carácter en apego a su naturaleza y respeto al marco jurídico.
En ese sentido, refirió que las acciones de este día, que comenzaron a las 11 horas, fueron divididas en dos: la primera para la escucha de la conclusión del dictamen con las partes presentes, pero sin el edil y solo su defensa; mientras que la otra consistió en el debate y análisis de elementos entre los 28 diputados que asistieron, de los cuales 18 votaron a favor, nueve en contra y una abstención.
Terminó labor de Congreso, dice
Ante lo anterior, Baptista González expresó que lo concerniente al juicio político ya lo concluyó el Congreso local, donde consideró que “lo que se hizo fue cumplir en el marco de la ley”; además de reiterar que sí fue ratificado el desacato del alcalde, aunque precisó que no fue notificado ya que para el término de la sesión se había retirado conforme al protocolo.
No obstante, aunque se le insistió si la aprobación del resolutivo de la comisión involucraba una destitución, refirió que propiamente la palabra no sería e implicaba en cambio que Acosta Téllez ya no podrá ejercer cargo.
Ante lo anterior, refirió que ahora será turno del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), del Poder Judicial, quien continuará el juicio en contra del edil emanado del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) y quien asumiera el poder en 2020.
Puede haber impugnación
Respecto a si la votación de ayer aún sería objeto de impugnaciones, el morenista precisó que sí existiría tal posibilidad, pero acotó que sería en otras partes, ya que el Legislativo terminó lo que le correspondía.
Además, resaltó que le fue dada la oportunidad de asistir al Congreso para conocer su situación y el dictamen, hecho que hizo ayer Acosta Téllez, donde además nombró a sus abogados.
Acusa edil procedimiento turbio
Tras la resolución de la Cámara, el alcalde de Calnali consideró que mediante un comunicado que el procedimiento del que fue sujeto estuvo carente de fundamentos legales, con tintes políticos y fue turbio; además de acusar que la situación sobre su situación se relegó al TSJH.
Asimismo, dijo que pese a lo anterior seguirá siendo el Ejecutivo local en funciones, hasta que la autoridad competente resuelva lo contrario, “lo cual no sucederá, ya que la razón legal me asiste y lo demostraré ante los tribunales, mi honorabilidad y profesionalismo siguen íntegros y seguiré gobernando sin distingos”, citó su desplegado.
“Les pido solidaridad y apoyo para que nuestro querido Calnali tenga paz social, estabilidad y sobre todo que juntos sigamos trabajando por un mejor futuro”.
La inhabilitación
El 11 de diciembre de 2020, a unos días de la ceremonia en la que se planeaba Acosta Téllez asumiera su cargo, la Contraloría local de Calnali le emitió una inhabilitación temporal por cinco meses para desempeñar cargos públicos, ello como resultado de una investigación que le realizó.
De acuerdo con el dictamen, le fue acreditada su responsabilidad en faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando presidía la dirección de Obras Públicas en la administración 2016-2020 por incumplimientos en las obligaciones, atribuciones y comisiones encomendadas en la ejecución de infraestructura.
Lo anterior, luego de que fueran detectados 237 proyectos que no estaban debidamente recepcionados, además de faltantes en su documentación en los expedientes, lo que indicó que fueron adjudicados sin cumplir con lo establecido en la legislación en la materia; además de otras irregularidades.
