Cipriano C.P., diputado federal desaforado, deberá enfrentar la justicia por presuntamente haber atentado contra la vida de su hermano Pascual, así lo determinó la jueza de control, Janeth Montiel Mendoza, en audiencia pública.
Cipriano será recordado como el recluso que se presenta con traje y corbata a sus audiencias, ya que esta ocasión vestía un traje gris, camisa blanca, corbata azul y zapatos color caqui.
Atento, pero enojado por lo que llamó un sistema penal corrupto, el diputado desaforado escuchó la imputación del agente del ministerio público y los argumentos que ofreció la jueza para su vinculación a proceso.
En una sala donde sólo cabían 26 personas, se llevó a cabo la audiencia inicial, la cual se dividió en dos tiempos, en el primer momento duró 16 horas, y el segundo día tuvo una duración de 12 horas, es decir, por lo menos 28 horas de escuchar a las partes: defensa, ministerio público y a la jueza, además del imputado, toda vez que la víctima no se presentó en ningún momento.
En sus argumentos para que no vincularan a proceso a su cliente, la defensa compuesta de siete personas, argumentó que había contradicciones en la versión de la víctima, inexistencia de marcas en el cuello de Pascual, testigos aleccionados, y falta de conexión razonable entre los hechos imputados y las pruebas presentadas, pero fueron vanas, toda vez que la jueza desestimó dichas pruebas.
Por su parte, el agente del ministerio público narró que Cipriano junto con otras personas ingresaron al domicilio de Pascual en donde intentó estrangularlo, si no es por la intervención oportuna de su sobrino Arístides logra su cometido.
Por su parte, Cipriano comentó que se trata de una persecución política por el gran arraigo que tiene en las comunidades indígenas, “por eso estoy en la mesa de los acusados”. Aseguró que ni así lograrán apagar su espíritu de lucha: “conozco mi pueblo y allá afuera hay muchos Ciprianos Charrez, si piensan que al orillarme ganan terreno en lo político, no les va a servir. Dios los bendiga”.
“Su interés es llevarme a la cárcel y el mío es el bienestar de los pueblos indígenas”, expresó.
La jueza también ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, además de otorgar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de hasta dos años.
