Loable disculpa ha presentado la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, por la inadecuada atención y discriminación de la que fue objeto un niño con síndrome de Down en la carencia integral de reparación de la víctima.
Sin embargo, en la gestión de Parra Bonilla como ombudsperson en la entidad subyacen desencuentros de orden social que iniciaron con la impugnación de los colectivos feministas Mercadita Insurgentas y la Unión de Madres Protectoras, puesto que la funcionaria firma los documentos con el grado de maestra cuando en el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) sólo aparece una cédula de licenciatura en Derecho, provocando incertidumbre sobre una posible usurpación de funciones.
Además, la comparecencia de Parra Bonilla ante el Congreso local dejó otro tipo de cuestionamientos sobre la precaria actuación de la CDHEH en materia de migración, que para 2023 se calcula en 427,000 personas principalmente de los municipios de Chapulhuacán, Nicolás Flores, Huichapan y El Cardonal, con el fallecimiento de más de 80 hidalguenses.
Igualmente, cuestionable ha sido la atención a víctimas de violencia de género, violencia vicaria, acoso y hostigamiento sexual, así como la vulneración a las denuncias, obstrucción administrativa y la tardanza en el seguimiento de expedientes, deficiencias que han escalado durante la gestión de Parra Bonilla, a quien han señalado por violencia institucional hacia la ciudadanía y posible vulneración a los derechos humanos.
La titular de la CDHEH, tratando de sacudirse las presiones de la ciudadanía, ha iniciado un reordenamiento del organismo autónomo, abriendo una carpeta de investigación sobre quienes la precedieron en el cargo: Alejandro Habib Nicolás y Javier Ramiro Lara Salinas, que habrían incumplido un deber legal sobre delitos cometidos por un servidor público; cuestionamiento positivo en caso de ser verificable, pero que no ha desviado la atención sobre la gestión de Parra Bonilla, y que si bien es cierto que devela que las gestiones de ambos extitulares pudieron presentar inconsistencias, no exime ni borra su responsabilidad en las actuales impugnaciones ciudadanas que tiene en contra.
Asimismo, hay una diferencia con las actuaciones de Habib y Lara: durante sus gestiones nunca se presentó un escenario de discrepancia social como el del informe anual de Parra ante el Congreso local, de donde tuvo que salir escoltada ante la impugnación por parte de diversas organizaciones, asociaciones y colectivos de la sociedad civil, insatisfechos con su labor.
Al igual que las impugnaciones contra algunos alcaldes de Hidalgo por falta de probidad y ética pública, a quienes se les cuestiona el salario que perciben -y que pese a no ser ilegal sí es una incongruencia frente a una población mayormente vulnerada por la pobreza y las asimetrías sociales-, se sabe que la titular de la CDHEH percibe un salario de 73 mil pesos mensuales, equiparable al del gobernador Julio Menchaca Salazar, cuestión que daña no sólo su imagen, sino también la correlación entre sus ingresos y los logros en la Comisión de Derechos Humanos.
La reflexión de fondo sobre la actuación de la ombudsperson hidalguense es la exigencia ciudadana a la rectificación de un encargo público cuyo déficit de atención a todas luces vulnera los derechos humanos.
