La actuación femenina parlamentaria

Hidalgo, desde la alternancia política del gobierno de Julio Menchaca, ha iniciado un proceso sustantivo hacia la paridad de género en las estructuras políticas y sociales, donde el Congreso, en las lógicas parlamentarias, cuenta con una visión femenina de la política y un futuro expreso en la inclusión gubernamental.

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¿inmunidad política?

No se necesita utilizar la frase “castigo político” para entender las consecuencias de los desaciertos del senador Cuauhtémoc Ochoa -que se encuentra experimentando rendimientos decrecientes en su capital político- para advertir que su estrategia de empoderamiento en el control de aparato de Estado de Hidalgo se apresta a recibir el empuje a contracorriente de las diferentes fuerzas políticas que nutren la estructura de Morena.

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8M: reivindicación y lucha social

El 8M es el rostro de una lucha social reivindicatoria feminista que apenas inicia a modelar las estructuras del gobierno, por lo que sus batallas no han concluido para generar ese México de inclusión y horizontalidad social que reivindique a la mujer y su devenir histórico.

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Arqueo al erario público en Tizayuca

Las pesquisas públicas sobre la malversación al erario se esgrimen ahora sobre la actuación de la expresidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles, a quien el arqueo público presenta observaciones sobre su administración por más de 132 millones de pesos desde el Órgano Interno de Control en torno a la Cuenta Pública 2023.

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Gobernanza y capital político en Hidalgo

Alejandro Velázquez ha insistido -dentro de las condiciones de probidad pública y combate a la corrupción- en la eficacia de la implementación de las normas ISO 9001 y 37001 que permiten la auditoría, control y arqueo constante de la calidad de proceso y el combate a la corrupción, condiciones que son revisadas paulatinamente y actualizadas en torno a las exigencias institucionales.

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Crítica a la antidemocracia de la Reforma Judicial

¿Qué depara en el fondo la reforma al Poder Judicial? El ejercicio pleno de la jurisdicción para defender al pueblo; el control de la juridicidad de los actos de las autoridades; las facultades de preservación plena del debido proceso judicial y, por sobre todas las cosas, el final de la antidemocracia del Poder Judicial frente a la voz y mandato de la soberanía popular en el ejercicio de la impartición y procuración de justicia en México.

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