Como una medida para combatir la descomposición que surge en la democracia y que sigue pese a los avances en la materia, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso ante el pleno del Congreso que las contralorías municipales sean robustecidas en su integración al sistema anticorrupción ya que no son autónomas.
Ello, pues la diputada María Corina Martínez García recordó que cuando dichos entes locales fueron denominados como órganos internos de control (OIC) no les fue modificada su naturaleza u operación, “ya que a diferencia de lo federal y estatal no tienen independencia, por lo que de mantener esa estructura se corre el riesgo de repetir las mismas prácticas”.
Aseveró que el objeto del proyecto es que los OIC cuenten con autonomía que les permita ser imparciales en el ejercicio de sus trabajos, garantizando así, dijo, el pago de remuneraciones y gasto corriente, además de que se pretende que quien ocupe el cargo sea designado mediante convocatorias y defensa por ensayos y no por elección del Ejecutivo local, “evitando así que estos se sientan comprometidos o dependientes del titular de la administración municipal”.
PROCEDIMIENTO
Para lo anterior, los asambleístas Jorge Mayorga Olvera y Rafael Garnica Alonso explicaron que serán reformadas y adicionadas diversas disposiciones a la Constitución local, así como a las leyes Orgánica Municipal del estado y del Sistema Estatal Anticorrupción, mismas que ahora indicarán que los OIC tendrán que ser representados por un ciudadano propuesto mediante terna por el edil, previa invitación pública abierta, pero electo por el ayuntamiento.
Además, el cabildo deberá prever en el presupuesto de egresos local los recursos con los que deberán contar dichos órganos para que puedan ejercer sus atribuciones: vigilar y evaluar el desempeño de las áreas de la administración para promover la productividad, eficiencia y eficacia, así como observar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Los requisitos para los interesados serán: ser ciudadano hidalguense, tener experiencia mínima de dos años, no haber sido miembro de algún partido o desempeñado cargos en él, no haber contendido en votaciones, no contar con sentencias por delitos dolosos, tener 30 años, así como elaborar un ensayo que permita analizar su visión y comparecer con el mismo ante el cabildo.
Cumplido lo anterior, en sesión ordinaria será hecho el nombramiento del OIC a quien obtenga la mayoría calificada y tendrá que ser a más tardar el 15 de septiembre del segundo año de inicio del gobierno; la duración del encargo será de cuatro años y solo podrá haber remoción por causas graves determinadas en la legislación y que estas sean debidamente justificadas.
Finalmente, la remuneración del encargado del órgano no podrá ser menor a la dieta de los regidores; mientras que el resto de integrantes, cinco, durarán en el puesto solo un año y serán designados por un comisión de selección.
El proyecto fue canalizado a la primera comisión permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación, donde al ser procedente será subida ante el pleno para su discusión y aprobación de toda la Cámara por votación simple.
