La diputada local, Areli Miranda Ayala, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal en materia de interrupción del embarazo, para que cuando éste sea producto de un evento espontáneo no sea considerado como un delito.
Asimismo, planteó la posibilidad de eliminar del Código Penal en la fracción primera la parte que exige que para que proceda un aborto en los servicios de salud, el delito debe ser denunciado dentro de los 90 días siguientes.
Lo anterior, dijo, con el objetivo de proteger a las víctimas de violación y evitar que mujeres sean encarceladas por haber enfrentado un aborto espontáneo.
La adición quedaría como sigue: “Cuando sea víctima de aborto espontáneo el cual definimos para efectos de este código, como la interrupción de forma natural del embarazo antes de la semana 20, es el momento en el que el feto no es capaz de sobrevivir fuera del útero de la madre. Hay muchas causas que pueden provocar el aborto espontáneo pero ninguna intencionada, mismo que será valorado por un médico especialista”.
La idea es que las mujeres tengan las garantías y la libertad de elegir llevar a término o no el producto de la violación de la que fue objeto, ya que la norma tal y como se encuentra de manera vigente en nuestro Código Penal para el Estado de Hidalgo, violenta el ejercicio de derechos.
La legisladora comentó que Hidalgo ocupa el lugar número 14 a nivel nacional en embarazos de niñas y adolescentes, lo que implicó que 206 niñas de entre 10 y los 14 años, víctimas de violación resultaran embarazadas y con alto riesgo de complicaciones físicas y psicológicas no sólo para ellas, sino para los productos.
Areli Miranda recordó que la violación es un delito de realización oculta; razón por lo cual la mayoría de las víctimas menores de edad o con alguna discapacidad principalmente, ni siquiera saben que lo que su agresor está haciendo es un delito, aunado a que suele ser alguna persona del círculo familiar y es hasta un estado avanzado del embarazo que la verdad del ilícito sale a la luz.
Según registros en el Sistema de Salud en la entidad en los municipios donde mayormente se presentan los embarazos de niñas en el rango antes referido son Pachuca, donde se registraron 21 casos, Huejutla con 14, Tizayuca con 13, así como Tulancingo y Tula con 12 casos respectivamente.
De acuerdo al Semáforo Delictivo con los casos registrados en nuestro Estado; mostrando una tendencia a partir de sus registros para el 2015 con 334 denuncias, para el 2016 se registró que 447 hidalguenses, incrementándose la cifra respecto al año inmediato anterior en un 30 por ciento, para el 2017 se registraron 547, también a la alza en un 22 por ciento, para 2018 con un incremento del 10 por ciento con 603 casos y de enero a junio del 2019 se han recibido 352 denuncias, lo que representa un 30 por ciento respecto al 2018 y el doble respecto al 2015, cifras sin duda altamente preocupantes.
Finalmente, lamentó que además del abuso las niñas son obligadas a casarse con el violador, “lo que representa para ellas una revictimización y menoscabo a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos; sin importar que estos se encuentren reconocidos constitucionalmente y mediante tratados internacionales”.
