Este jueves leí en una de las columnas de un diario local: “A partir del 9 de enero, Reynaldo Soto Ponce es ya secretario general del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo, a recomendación de su antecesora Ariana Itzel Duarte Martínez, quien según el graderío hasta la semana pasada era vista asiduamente en la oficina de su muchacho, al que algunos irrespetuosos califican como títere, para girarle instrucciones, al igual que algunos jueces”.
Tan luego terminé de leerlo, me dispuse a compartirlo en un grupo de WhatsApp -no oficial– de compañeras juezas. Los comentarios llegaron de inmediato, pues ahora entendíamos por qué Rey -como le llamamos- había sido designado como secretario general. Y es que, sin dudar de sus capacidades, su trayectoria dentro del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo no lo avala para tomar ese puesto y eso nadie lo puede negar.
En cuanto nos enteramos del nombramiento supimos que las cosas seguirían igual, que la autonomía judicial que soñábamos ver llegar con la 4T era solo eso: un sueño, y seguramente no llegaría en este sexenio, a diferencia de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya autonomía fue respetada al designar a una ministra como presidenta, por méritos y no por indicaciones del Ejecutivo.
Sencillo: en Hidalgo no se puede defender una autonomía que nunca ha existido. Les cuento cómo se imparte la justicia: imaginen que en el TSJH existe un teléfono rojo, que es la línea secreta con la que se establece comunicación con las juezas del estado; antes de que se gire una orden, se dicte una vinculación a proceso o se emita una sentencia definitiva, se recibe la instrucción sobre el sentido en el que se hará. Y entonces, la voz (que antes era femenina) de la persona que nunca estuvo en audiencia ni en juicio, que no presenció el desahogo de los testigos, que no advirtió la capacidad del fiscal ni la estrategia defensiva, es quien te indica cómo debes emitir una resolución.
¿Qué sucede si no lo haces así? Al día siguiente tienes que presentarte en las oficinas de la presidencia, donde se te indica que has sido asignada al Distrito Judicial de Huejutla, si bien te va, y si no, se te recuerda por qué estás ahí, que tu nombramiento ocurrió porque ella fue la que te propuso y que en el Tribunal existen “valores entendidos” con los que se asegura el puesto de ella y el de una misma.
La realidad es que el 80% de juzgadoras carecemos de toda autonomía, pero, sobre todo, del valor de emitir pronunciamientos con base en lo sucedido en las audiencias y hacemos lo que nos indica el apuntador femenino.
Pese a esto, un punto que llamó mi atención en el chat matutino fue saber que ya no es un secreto “institucional” quién toma las decisiones en el TSJH, es decir, si los periodistas ya lo saben es porque es un hecho notorio y ha permeado en toda la sociedad hidalguense. Pero va más allá: si uno de los alcaldes actuales de extracción priista fue quien sugirió al exsecretario del TSJH en ese puesto, ¿por qué es ella quien sigue tomando las decisiones?
Entiendo que quizás el gobernador, con tantas cosas por resolver en el estado, es ajeno a ello, pero su consejero personal jurídico y ahora magistrado, quien en alguna ocasión se ufanó de expresar su voto en contra del procurador de justicia por su falta de imparcialidad e independencia, ¿por qué ahora es incapaz de hacerle de conocimiento la situación que se vive?, máxime cuando él padeció lo mismo como litigante.
Sobra decir que lo expuesto por el medio aludido al inicio nos ha llenado de fortaleza, ha hecho que busquemos expresarnos y que internamente hayamos organizado una reunión en aras de buscar una cita con el Ejecutivo.
Considero que como juezas hemos logrado desmarcarnos de la desigualdad, pero es momento de independizarnos, de cortar de tajo esa línea del teléfono rojo, porque es una lástima nuestra autonomía como juzgadoras.
Por: La Jueza Enmascarada
“Me encanta la franqueza de una mujer enmascarada".
