A finales del mes de septiembre apareció un texto en el portal de la revista Proceso dirigido al director Jorge Carrasco Araizaga. El contenido se trató de un derecho de réplica emitido y firmado por el excontralor del estado, César Román Mora Velázquez, quien aludió a diversas publicaciones hechas por el medio, como información inexacta que, según dijo, afecta su imagen y reputación personal.
En la misiva externó que se trata de un mal entendido mediático y que incluso la justicia federal ha determinado que los actos imputados a este exfuncionario carecen de fundamentos legales y, más aún, expresa en el contenido del texto que no tiene antecedentes penales, ni mucho menos ha sido citado a declarar por alguna falta o delito.
En la misma publicación, el reportero Axel Chávez, puntual y certeramente, expresó que en ningún contenido informativo publicado se hizo referencia al señalado como culpable de algún delito, y que el medio de comunicación no lo ha colocado como presunto culpable, sino es la autoridad estatal que lo investiga.
Con ética profesional, el periodista le expresa la posibilidad de realizarle una entrevista para que exponga su situación, donde sea cuestionado sobre los hechos que se le atribuyen, en el marco del respeto.
El derecho de réplica es un instrumento al que recurre cualquier persona aludida en algún contenido periodístico con firma de autor, y donde se vierte información imprecisa e inexacta, que no tiene los elementos probatorios para señalar un hecho o una acción específica y que transgrede la imagen pública de la persona que se señala.
Lo cierto es que un viejo adagio reza: “el que nada debe, nada teme” y, sin embargo, el exfuncionario público tan pronto concluyó la administración estatal pasada desapareció y no se le ha visto por ninguna parte, y parece que no tiene la intención de dar la cara.
César Mora puede hacer de su vida lo que mejor le convenga, es el derecho que tiene de su privacidad; sin embargo, ha habido una serie de señalamientos que lo han puesto en la escena pública, derivado de la divulgación de un esquema de corrupción que ha sido denominada como Estafa Siniestra, que involucra a diferentes municipios y dependencias gubernamentales.
Ha sido del dominio público y del conocimiento de la ciudadanía que el señalado ha promovido diversos amparos ante el Poder Judicial de la Federación, ya que al parecer cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra. Hechos que contradicen sus declaraciones en el citado derecho de réplica.
El asunto ha escalado de tal manera que durante el fin de semana el mandatario estatal, Julio Menchaca, invitó al excontralor a presentarse ante la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, para esclarecer los hechos que lo señalan.
El jefe del Ejecutivo expresó que sería muy importante para él que se presentara ante las autoridades y pudiera hacer las declaraciones pertinentes y de esta manera, entonces sí, no se vea afectada la imagen y reputación que considera tener.
La realidad es que se encuentra fuera del alcance de las autoridades, no da la cara para poder aclarar lo sucedido, pero curiosamente ahora siente que los ataques atribuidos a su persona han sido injustos y casi inmorales, cuando lo cierto es que el inmoral ha sido él por no tener el valor de plantarse ante las autoridades para explicar lo ocurrido con la Estafa Siniestra.
EL CONSPIRADOR
